El magistrado rechazó cerrar una investigación en la que se ordenaron indagatorias masivas a sindicalistas por un supuesto desvío de un crédito del Banco Mundial de 350 millones de dólares.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com que el magistrado coincidió con el fiscal Carlos Stornelli, para quien la causa de ninguna manera está prescripta porque se trataría del delito de "peculado", la forma más grave de la malversación de caudales públicos y que se pena con hasta 10 años de carcel.

En cambio, para los defensores de los sindicalistas sospechados habría defraudación contra la administración pública o administración infiel, razón por la cual habían planteado la prescripción ya que la pena para esa figura es menor.

El expediente está en manos del juez federal Norberto Oyarbide, quien hoy calificó el delito como "peculado", según confirmaron los voceros consultados.

Oyarbide rechazó los planteos realizados por sindicalistas de los gremios telefónicos, y si bien existen otros recursos similares, todos seguirían el mismo camino, de acuerdo a las fuentes.

Una vez que la Cámara Federal revise algunos planteos de nulidad de los acusados, cobrarán vigencia más de 200 indagatorias que fueron ordenadas por el juez, entre ellos la de sindicalistas conocidos, como Armando Cavalieri, que hasta ahora no se tomaron porque era prioridad del juzgado resolver sobre si debe continuar abierta la causa.

Las indagatorias, que incluyen a sindicalistas de OSECAC, Telefónicas, entre otros, fueron ordenadas por Oyarbide sin fechas, precisamente porque deben resolverse los planteos de prescripción y nulidades pendientes interpuestas por los imputados, explicaron las fuentes consultadas.

Las maniobras que investiga la Justicia se habrían cometido de 1996 a 2000 con los fondos provenientes de un crédito de 350 millones de dólares del Banco Mundial destinado a la reconversión y mejora de las obras sociales, mediante pago de deudas, reformas edilicias y cursos de capacitación del personal.

La Justicia intenta determinar si varios millones fueron a manos de los sindicalistas que estaban al frente de las obras sociales o empresas fantasmas dirigidas por amigos y familiares.

Entre los 350 imputados en total que tiene la causa figuran Roberto Polanco (Obras Sanitarias) y Diógenes Salazar (Telefónicos), y otros señalados por el fiscal Stornelli de 23 obras sociales, entre los que se encuentran Juan José Zanola (Bancarios), Antonio Cassia (Petroleros), Gerardo Martínez (Construcción), Gerónimo Venegas (Trabajadores Rurales), Vicente Mastrocola (Plásticos), Ramón Valle (Seguros) y Jorge Horacio Menem (Empleados de Correo) algunos aún no fueron citados.

En cambio sí están citados Cavalieri, Omar de Napole, Alberto Mansilla, todos de OSECAC, entre otros.