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Francisco prohibió aceptar regalos de más de 40 euros
La prohibición que impuso es para los miembros de la Curia romana en una medida contra la corrupción entre los directivos del Vaticano
29 de abril de 2021
El Papa Francisco prohibió a los miembros de la Curia romana aceptar "regalos u otros beneficios" de más de 40 euros, como parte de las medidas de una nueva regulación anticorrupción que exige a directivos del Vaticano no tener activos "en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen en contra de la doctrina de la Iglesia".
A través de un decreto dado a conocer este jueves por el Vaticano, el Papa prohibió que los empleados de la Curia Romana, del Estado de la Ciudad del Vaticano y de los organismos asociados acepten, por razón de su cargo, "regalos u otros beneficios" de un valor superior a 40 euros.
El nuevo "Motu proprio" del Papa exige además que los directivos y administrativos declaren que no tienen condenas ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal y no tener dinero en efectivo o inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales.
Además, los cargos de responsabilidad en la estructura de la Iglesia no podrán invertir en empresas que operen en contra de la doctrina de la Iglesia.
La nueva disposición sigue a la del 19 de mayo de 2020, cuando Francisco promulgó el nuevo código de contratación pública, y era necesaria, explicó el pontífice en los considerandos, porque la corrupción "puede manifestarse en diferentes modalidades y formas, incluso en sectores distintos de la contratación pública".
De esta forma, el Papa ha decidido añadir artículos al Reglamento General de la Curia Romana, con una medida que concierne a cardenales y hasta los vicedirectores de los organismos con contratos directivos de cinco años, además de a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión.
Los funcionarios tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años, en la que deberán testificar de no haber tenido condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y de no haberse beneficiado de indulto, amnistía o gracia, y de no haber sido absueltos por prescripción.
En las declaraciones, los funcionarios deben declarar que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales.
A través de un decreto dado a conocer este jueves por el Vaticano, el Papa prohibió que los empleados de la Curia Romana, del Estado de la Ciudad del Vaticano y de los organismos asociados acepten, por razón de su cargo, "regalos u otros beneficios" de un valor superior a 40 euros.
El nuevo "Motu proprio" del Papa exige además que los directivos y administrativos declaren que no tienen condenas ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal y no tener dinero en efectivo o inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales.
Además, los cargos de responsabilidad en la estructura de la Iglesia no podrán invertir en empresas que operen en contra de la doctrina de la Iglesia.
La nueva disposición sigue a la del 19 de mayo de 2020, cuando Francisco promulgó el nuevo código de contratación pública, y era necesaria, explicó el pontífice en los considerandos, porque la corrupción "puede manifestarse en diferentes modalidades y formas, incluso en sectores distintos de la contratación pública".
De esta forma, el Papa ha decidido añadir artículos al Reglamento General de la Curia Romana, con una medida que concierne a cardenales y hasta los vicedirectores de los organismos con contratos directivos de cinco años, además de a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión.
Los funcionarios tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años, en la que deberán testificar de no haber tenido condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y de no haberse beneficiado de indulto, amnistía o gracia, y de no haber sido absueltos por prescripción.
En las declaraciones, los funcionarios deben declarar que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales.