El Gobierno busca frenar el avance de la inseguridad y de las tomas de tierras, con un discurso menos difuso que el que venía sosteniendo hasta ahora.
Con los números del delito creciendo en forma exponencial, aun cuando todavía hay restricciones en la circulación por la pandemia, el presidente Alberto Fernández lanzará este viernes un plan para combatir la inseguridad en la provincia de Buenos Aires que contempla el envío de unos 4 mil efectivos federales -principalmente gendarmes- más al Conurbano y la creación de un fondo extraordinario de 12 mil millones de pesos para inversión en infraestructura y equipamiento.
El Presidente dejó en stand by el debate ideológico en el área, que su gestión encarnó contra el legado de Patricia Bullrich, y lideró un cambio de discurso.

"Que los que delinquen sepan que nos pusimos de pie para pararlos", apuntó días atrás en un acto en el conurbano.

Fue, luego de casi 9 meses, el mensaje más duro que partió desde el Ejecutivo Nacional, en sintonía con el perfil que convirtió al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en uno de los dirigentes del oficialismo con mejor imagen. Con este plan, que también contempla la refacción de comisarías y cárceles, la construcción de nuevos centros penitenciarios y refugios seguros para víctimas de violencia de género, el reclutamiento de 10 mil aspirantes a policías y la construcción de 3.000 paradas de colectivo seguras, con cámaras de seguridad y botón antipánico.

La idea es agilizar la compra del equipamiento para que rápidamente se adviertan cambios. En clave política, a los intendentes también les evita tener que depender de la voluntad de Berni, con quien un grupo mantiene una tensa relación. El perfil alto del ministro y su coqueteo con una eventual candidatura, amparado por el paraguas protector de Cristina Kirchner, explican parte de esa tensión. La postal que eligió el Gobierno para hacer el anuncio tiene que ver con ese detrás de escena: el Presidente se rodeará del gobernador, pero también de intendentes.

También intentará mostrar que la feroz grieta entre la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; y Berni; es parte del pasado. O, al menos, que no va a impactar en la lucha contra el delito.

Fernández y Kicillof pidieron máxima colaboración a sus ministros.

"En este momento no hay margen para peleas de dirigentes", fue el mensaje que bajaron. De ahí que ni Berni festejó públicamente el envió de 4 mil efectivos federales que se sumarán a los 6 mil que ya están desplegados en el Conurbano, ni Frederic lo procesó como una derrota. Según datos del Ministerio de Seguridad bonaerense, en julio se registró apenas un 17 por ciento menos de delitos en relación al mismo mes de 2019. Si bien es una baja, se trata de un fuerte incremento si se contempla que se dio en un contexto de circulación limitada.

Frederic y Berni, más allá de sus cruces y las diferencias que por momentos parecen insalvables, coinciden en el análisis del impacto que tuvo la pandemia en el crecimiento del delito.

La ministra, por ejemplo, planteó que la ocupación de tierras "no es un tema de seguridad" sino que responde a un "déficit habitacional" que genera una mayor "conflictividad", mientras que Berni viene alertando por un número creciente de "nuevos delincuentes", es decir personas que no tienen antecedentes y son detenidas por primera vez; en el marco de delitos contra la propiedad privada.

Si bien tanto desde el Gobierno nacional como en la Provincia atribuyen el crecimiento del delito al impacto de la crisis económica por la cuarentena, los intendentes que pasaron las últimas semanas por la Quinta de Olivos hicieron un diagnóstico distinto: lo relacionan con el accionar de bandas organizadas.

"En el Conurbano, los sectores vulnerables están contenidos, no son ellos los que salen y matan. El Estado llegó y asistió. No hay motivos para que se vuelquen al delito", fue el análisis que hizo uno de ellos ante el Presidente y la mesa chica del oficialismo en la clásico almuerzo de los martes.

En las últimas comidas se sumaron Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora). El diagnóstico de los alcaldes fue crudo y anticipó la dura postura que plantearon los intendentes del PJ cuando condenaron las tomas ilegales y pidieron que el Estado sea "firme".

En lo sucesivo, la idea del Presidente es ampliar la lista de invitados para conocer de primera mano lo que pasa en otros distritos del Conurbano.

A pesar de que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; trabaja en un proyecto para crear una Agencia de Seguridad Metropolitana; por el momento, según aseguran desde Nación y Provincia, el plan no contempla reformas legislativas para endurecer penas ni tampoco, en un momento en el que todavía se debate por la liberación de unos tres mil presos con la excusa de la pandemia, para acotar el margen de discrecionalidad de los jueces. Ese comodín, para quitarle agenda a la oposición, tal vez quede para la campaña legislativa.