El Gobierno de Alberto Fernández ya cuenta con su ley de Emergencia Económica, a la que considera clave para encarar una renegociación de deuda que le dé respiro durante su mandato de cuatro años para intentar reactivar la economía y bajar la pobreza.
Los mercados celebraron la jugada, que permitiría aumentar la recaudación anual en unos US$ 9.000 millones -unos $567.000 millones al tipo de cambio actuala-, porque avizoran un escenario más despejado para garantizar los pagos de deuda tras una renegociación.
Con el debut de Cristina Kirchner al frente de la Cámara alta y una maratónica sesión, los senadores convirtieron en ley la emergencia económica con 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención, a diez días de la asunción de Alberto Fernández y tras un tratamiento exprés.

Con este fortalecimiento, el presidente buscaría encarar una renegociación más dura con los acreedores, para postergar pagos por todo su mandato de cuatro años.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y que algunas horas antes había sido sancionado por la Cámara de Diputados, recibió cerca de las 4 de la mañana de este sábado el apoyo de la bancada del Frente de Todos y de sus aliados, como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), pero también del santafesino Carlos Reutemann integrante del interbloque Juntos por el Cambio como representante del bloque Santa Fe Federal.

En contra votó el resto del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la riojana María Vega, quien juró como reemplazante de la radical Olga Brizuela y Doria (electa intendenta de La Rioja), se abstuvo. Con ayuda de la oposición, que no acompañó pero tampoco obstaculizó la sesión, el megaproyecto de Solidaridad y Reactivación Productiva -que declara nueve emergencias, suspende la movilidad jubilatoria, incrementa las retenciones al agro y grava la compra y los gastos en dólares en el exterior- se convertirá en la primera carta fuerte de la gestión de Fernández luego del extenso debate.

El proyecto llegó a la Cámara alta pasado el mediodía, todavía caliente de Diputados, donde acababa de aprobarse después de un debate maratónico plagado de negociaciones que se plasmaron en las numerosas modificaciones que sufrió el texto.

Eso obligó a los senadores a retrasar dos horas el arranque de la sesión, en un inicio prevista para las 14. Cuando finalmente arrancó, la bancada de Juntos por el Cambio pidió un cuarto intermedio de otras dos horas para poder estudiar los cambios y el debate concreto de la ley -para el que se anotaron 36 oradores- empezó recién pasadas las 19.

Dado que el proyecto no tenía dictamen de comisión en el Senado, el oficialismo necesitaba dos tercios para habilitar su tratamiento. A raíz de la polémica desatada por la excepción de la suspensión de la movilidad previsional para jubilados de privilegio, Juntos por el Cambio no dio quórum -como tenía acordado con el Frente de Todos- pero tampoco bloqueó el tratamiento. Tras una discusión a puestas cerradas, y subida de tono, entre los legisladores del interbloque opositor, la postura moderada se impuso sobre los que querían hacer caer la sesión, y los senadores del PRO y la UCR acordaron no bajar al recinto.

Como los dos tercios necesarios son sobre los presentes, el peronismo no tuvo problemas en habilitar por su cuenta el tratamiento.

Igualmente, contó con la ayuda de Lucila Crexell -la senadora neuquina que tras la pelea con la UCR por su banca abandonó Cambiemos-; Reutemann, que tiene un monobloque dentro de Juntos por el Cambio; y Weretilneck, de Juntos Somos Rio Negro.

En el inicio, y para descomprimir la encendida discusión sobre el tema previsional, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti anunció la decisión del Presidente de ampliar las sesiones extraordinarias para debatir un nuevo proyecto que suspenda las jubilaciones de privilegio.

La noticia fue celebrada por la oposición que minutos antes había presentado un proyecto de Julio Cobos en la misma línea. Así, la discusión transcurrió en general tranquila, con críticas cruzadas entre los dos polos de la grieta (más sobre los modelos de gobiernos del kirchnerismo y de Cambiemos que sobre el proyecto) pero sin cruces ni chicanas.

En su nuevo rol, Cristina Kichner, se mostró lejos de la versión combativa en la que se la vio en su banca de senadora durante el año. Correcta, amable y entre sonrisas, destinadas tanto hacia los oficialistas como opositores, dirigió casi toda la sesión.

El cordobés Carlos Caserio, presidente de la comisión de Presupuesto, fue el encargado de defender el proyecto. “La emergencia es el modo que tenemos para salir de este problema. Esta ley es para poner a la Argentina en movimiento y que no siga parada”, planteó.

La oposición apuntó sus críticas principalmente contra las facultades que esta ley le otorga al Ejecutivo. "El llamado al diálogo del Presidente me había dado esperanzas. Pero esa esperanza se diluye con este proyecto de ley. Se nubla, se aleja, se entristece. Porque esta ley ignora las instituciones”, apuntó Esteban Bullrich, del PRO, y adelantó que el interbloque opositor votaría en contra en general y acompañaría algún artículo, como el de las PYMeS, en particular. El gobierno debió hacer concesiones para destrabar la aprobación. Ya en la previa al debate, eliminó el artículo 85 –que le daba amplias facultades al Presidente para reformar organismos del Estado- y durante el debate en Diputados aceptó modificaciones en un punto clave: el incremento de las retenciones al agro.

Si bien logró mantener el incremento del tope para la alícuota de derechos de exportación de la soja al 33%, al 15% para el maíz y un 5% para las economías regionales, estableció la creación de un Fondo Solidario para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos y fijó “mecanismo de segmentación” que deberán ser informados por el Ejecutivo ante una comisión de legisladores, el Consejo Federal Agropecuario y las organizaciones del sector.