El gobierno del presidente electo Alberto Fernández se encontrará en el Congreso con un paquete de proyectos de ley que se presentaron en los últimos meses y que pretenden dar cuenta prácticamente de una sociedad en estado de "emergencia total".

Se trata de una serie de iniciativas que se proponen dictar la emergencia en materia laboral, de las pymes, tarifaria, crediticia, automotriz, nutricional, farmacológica, aerocomercial y textil, solo por mencionar las que tienen contenido económico.

Esas iniciativas proponen medidas de excepción como, por ejemplo, el congelamiento de tarifas, la prohibición de despidos, la eximición del pago del IVA y otros impuestos, otros beneficios tributarios, partidas presupuestarias extras.

Lo sugestivo es que todos los proyectos son impulsados por diputados y senadores que, dentro de 10 días, formarán parte del nuevo oficialismo, mientras que hoy están aún en la oposición.

A pedido de la CGT y la CTA, los "dipusindicalistas" le dieron dictamen en julio a un proyecto de declaración de emergencia ocupacional, con prohibición de despidos. Ya habían logrado avanzar antes con esa iniciativa: en 2016 el texto llegó a ser sancionado, pero fue vetado por el presidente Mauricio Macri.

El despacho de comisión -que está a la espera de ser tratado por el Congreso, que en su nueva conformación tendrá una nutrida representación gremial, ya que habrá 14 diputados y 4 senadores que son dirigentes sindicales- tomó como base textos presentados por la diputada Vanesa Siley (FpV y del sindicato de judiciales) y el pejotista José Luis Gioja.