Aunque los pronósticos de todas las encuestas marcan que la posibilidad de revertir el resultado de las PASO y forzar un balotaje asoma complicada, el Gobierno busca mostrar iniciativa en temas que eventualmente pueden tener un impacto en la clase media.

En las próximas horas, enviará al Congreso la Ley de Alquileres, un proyecto que había anunciado Mauricio Macri meses atrás, como parte del paquete de medidas con el que se proponía cambiar el humor en la previa al inicio de la campaña, pero que finalmente fue desactivado por el rechazo de distintos sectores inmobiliarios y algunos cuestionamientos de sectores de la oposición.

En la elaboración del proyecto, que ya tiene el visto bueno del Presidente, trabajaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Vivienda, Iván Kerr; y un grupo de legisladores, encabezados por el diputado Daniel Lipovetzky, quien a pesar del contexto intentará darle impulso en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja.

Al igual que el proyecto presentado en abril, la iniciativa prevé que los honorarios inmobiliarios no pueden ser a cargo del inquilino en las propiedades con destino habitacional.

También, se elimina la prohibición de indexar contratos -una de los pocos artículos que queda vigente de la Ley de Convertibilidad 23.928, sancionada en 1991- para alquileres que superen el equivalente a 650 UVAs. A precio actual, unos 26.676 pesos.

En tanto, para alquileres inferiores a esa cifra, se establece que deberán aplicarse índices de actualización oficiales. Se determina uno conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), que será elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central.