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El Gobierno le regaló la política social a agrupaciones K: manejan $ 1.500 millones
De los 200 mil planes recibidos por los movimientos sociales, el 90% los administran quienes integran el Frente de Todos y son responsables de la mayoría de los piquetes
15 de septiembre de 2019
En política lo errores se pagan con derrotas en las urnas.
La política social aplicada por el gobierno de Mauricio Macri aparece clara como un error de cálculo.
Según datos oficiales, los movimientos sociales reciben 200.000 planes de empleo, que usan para disputar poder. Los grupos del Frente de Todos reciben el 90%. La CTEP de Grabois, 100.000; Barrios de Pie y la CCC de Alderete, 40.000 cada uno. Los de izquierda se reparten el 10% restante.
Los fondos millonarios que reciben permitieron tener una formidable capacidad de movilización y el poder para ser amos y señores de las calles, al servicio del mejor postor político, que puede engrosar aún más sus cuantiosos fondos.
Las organizaciones sociales administran cerca de la mitad de los 450 mil planes de empleo que distribuye la administración de Mauricio Macri, un dato que confirman tanto los movimientos como el Ejecutivo. El 90% de los planes los administra el triunvirato de San Cayetano, que agrupa a las principales organizaciones: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie (línea Somos) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Las mismas proporciones se mantienen para la asistencia de los comedores que manejan “las orgas”.
La paradoja, para muchos socios del Gobierno, es que esas mismas organizaciones están hoy bajo el paraguas del Frente de Todos; con candidatos y referentes propios. No fue siempre así. La crisis y los errores políticos del oficialismo forjaron una sociedad política que hasta hace dos años era impensable.
Para contener la situación social y evitar protestas, Macri sumó 350 mil planes de empleo a los 100 mil que Cristina Kirchner había dejado en Argentina Trabaja. Esta gestión reformuló ese plan bajo el nombre de Hacemos Futuro y sumó 150 mil beneficiarios. Con la sanción de la Ley de Emergencia Social en 2016, el Gobierno creó la figura del salario social complementario, que hoy reciben 200 mil trabajadores nucleados en cooperativas.
El salario social es de $ 7.500 por mes y está atado por ley al mínimo vital y móvil, que en octubre llegará a los $ 16.875. Es decir que los piqueteros manejan planes por 1.500 millones de pesos mensuales. En parte se financian con los $ 30 mil millones previstos en la Ley de Emergencia Social. Aliados de Macri creen que es una cifra astronómica. En el ministerio de Desarrollo Social responden en 2019 lo mismo que en 2017.
“Mil millones de dólares para garantizar la paz social en la Argentina no es nada”, afirmaban hace dos años, antes de las sucesivas devaluaciones.
Sin embargo, a pesar de la crisis, el número de beneficiarios no se amplió, como exigieron con acampe incluido el Polo Obrero y la línea de Barrios de Pie, que responde a Humberto Tumini, hoy dentro del armado de Juan Manuel Urtubey. Las organizaciones de izquierda y otras menores administran los 20 mil planes restantes. El resto se divide entre unos 100 mil para la CTEP ( el 50%), 40 mil para Barrios de Pie (20%) y otros tantos para la CCC ( 20%).
El Presidente extendió la AUH y eliminó incompatibilidades entre planes provinciales y asignaciones nacionales; pero no fue suficiente para ganarse el favor de las organizaciones.
En 2016, Juan Carlos Alderete, referente de la CCC, cuestionó a Emilio Pérsico por su diálogo aceitado con referentes macristas. “Cristina ya se fue, está a 3 mil kilómetros”, le contestó el líder del Movimiento Evita.
La ex presidenta volvió al ruedo y el Movimiento Evita -columna vertebral de la CTEP-, que en 2017 jugó con Florencio Randazzo y contra la ahora candidata a vice, regó las listas del Frente de Todos como en los mejores años del kirchnerismo.
Alderete, que en 2009 calificó al kirchnerismo “como la peor derecha”, pasó de tejer puentes con Elisa Carrió a convertirse en candidato a diputado en la boleta que encabeza Sergio Massa.
El secretario general de la CTEP, Esteban “Gringo” Castro, define la gestión de Macri como un “exterminio social”, pero hace 3 años supo sacarse fotos con el Presidente. Ocurrió en Almirante Brown, cuando el Jefe de Estado contrató a las cooperativas de la organización para la recuperación de viviendas sociales. Otros tiempos.
La activista de la CTEP y pareja de Castro, Mariel Fernández, le ganó la interna al intendente de Moreno Walter Festa y buscará quedarse con el municipio. En 2018, Juan Grabois, el referente más famoso de la CTEP, fue el primero en saltar a la política partidaria. Por esa razón, avisó que ya no sería un interlocutor válido ante el ministerio de Carolina Stanley. Mario Quintana se había deslumbrado con él en sus tiempos como todopoderoso vicejefe de Gabinete. Con el tiempo, se convertiría en uno de los dirigentes más críticos con el oficialismo. Aunque no es candidato, varios dirigentes de su espacio tienen lugares expectantes en las listas. Los más destacados son Ofelia Fernández e Itaí Hagman, en la Ciudad.
La crisis y el salto de los dirigentes de los movimientos sociales a la política enfriaron el diálogo que los dirigentes mantenían con el Gobierno. Desde 2016, la UCR critica en voz baja y alta la relación de la Casa Rosada con las organizaciones. Intendentes y gobernadores planteaban la necesidad de capitalizar esa ayuda y volvieron a quejarse cuando constataron que los movimientos sociales fiscalizaron las PASO para el Frente de Todos. Miguel Pichetto se sumó a las críticas que en el Gabinete comparte la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y algunos intendentes.
Hay sectores que quieren que Alberto Fernández ejecute sus propuestas, si resulta electo. “La crisis y la chance de ganar aceleraron un proceso de confluencia. Integramos el Frente de Todos y nos sentimos protagonistas, vamos a presentar programas para el Ejecutivo y el Legislativo y plantearnos nuestras disidencias”, describe Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, que coló como candidata a diputada nacional a Fernando Souto.
La política social aplicada por el gobierno de Mauricio Macri aparece clara como un error de cálculo.
Según datos oficiales, los movimientos sociales reciben 200.000 planes de empleo, que usan para disputar poder. Los grupos del Frente de Todos reciben el 90%. La CTEP de Grabois, 100.000; Barrios de Pie y la CCC de Alderete, 40.000 cada uno. Los de izquierda se reparten el 10% restante.
Los fondos millonarios que reciben permitieron tener una formidable capacidad de movilización y el poder para ser amos y señores de las calles, al servicio del mejor postor político, que puede engrosar aún más sus cuantiosos fondos.
Las organizaciones sociales administran cerca de la mitad de los 450 mil planes de empleo que distribuye la administración de Mauricio Macri, un dato que confirman tanto los movimientos como el Ejecutivo. El 90% de los planes los administra el triunvirato de San Cayetano, que agrupa a las principales organizaciones: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie (línea Somos) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Las mismas proporciones se mantienen para la asistencia de los comedores que manejan “las orgas”.
La paradoja, para muchos socios del Gobierno, es que esas mismas organizaciones están hoy bajo el paraguas del Frente de Todos; con candidatos y referentes propios. No fue siempre así. La crisis y los errores políticos del oficialismo forjaron una sociedad política que hasta hace dos años era impensable.
Para contener la situación social y evitar protestas, Macri sumó 350 mil planes de empleo a los 100 mil que Cristina Kirchner había dejado en Argentina Trabaja. Esta gestión reformuló ese plan bajo el nombre de Hacemos Futuro y sumó 150 mil beneficiarios. Con la sanción de la Ley de Emergencia Social en 2016, el Gobierno creó la figura del salario social complementario, que hoy reciben 200 mil trabajadores nucleados en cooperativas.
El salario social es de $ 7.500 por mes y está atado por ley al mínimo vital y móvil, que en octubre llegará a los $ 16.875. Es decir que los piqueteros manejan planes por 1.500 millones de pesos mensuales. En parte se financian con los $ 30 mil millones previstos en la Ley de Emergencia Social. Aliados de Macri creen que es una cifra astronómica. En el ministerio de Desarrollo Social responden en 2019 lo mismo que en 2017.
“Mil millones de dólares para garantizar la paz social en la Argentina no es nada”, afirmaban hace dos años, antes de las sucesivas devaluaciones.
Sin embargo, a pesar de la crisis, el número de beneficiarios no se amplió, como exigieron con acampe incluido el Polo Obrero y la línea de Barrios de Pie, que responde a Humberto Tumini, hoy dentro del armado de Juan Manuel Urtubey. Las organizaciones de izquierda y otras menores administran los 20 mil planes restantes. El resto se divide entre unos 100 mil para la CTEP ( el 50%), 40 mil para Barrios de Pie (20%) y otros tantos para la CCC ( 20%).
El Presidente extendió la AUH y eliminó incompatibilidades entre planes provinciales y asignaciones nacionales; pero no fue suficiente para ganarse el favor de las organizaciones.
En 2016, Juan Carlos Alderete, referente de la CCC, cuestionó a Emilio Pérsico por su diálogo aceitado con referentes macristas. “Cristina ya se fue, está a 3 mil kilómetros”, le contestó el líder del Movimiento Evita.
La ex presidenta volvió al ruedo y el Movimiento Evita -columna vertebral de la CTEP-, que en 2017 jugó con Florencio Randazzo y contra la ahora candidata a vice, regó las listas del Frente de Todos como en los mejores años del kirchnerismo.
Alderete, que en 2009 calificó al kirchnerismo “como la peor derecha”, pasó de tejer puentes con Elisa Carrió a convertirse en candidato a diputado en la boleta que encabeza Sergio Massa.
El secretario general de la CTEP, Esteban “Gringo” Castro, define la gestión de Macri como un “exterminio social”, pero hace 3 años supo sacarse fotos con el Presidente. Ocurrió en Almirante Brown, cuando el Jefe de Estado contrató a las cooperativas de la organización para la recuperación de viviendas sociales. Otros tiempos.
La activista de la CTEP y pareja de Castro, Mariel Fernández, le ganó la interna al intendente de Moreno Walter Festa y buscará quedarse con el municipio. En 2018, Juan Grabois, el referente más famoso de la CTEP, fue el primero en saltar a la política partidaria. Por esa razón, avisó que ya no sería un interlocutor válido ante el ministerio de Carolina Stanley. Mario Quintana se había deslumbrado con él en sus tiempos como todopoderoso vicejefe de Gabinete. Con el tiempo, se convertiría en uno de los dirigentes más críticos con el oficialismo. Aunque no es candidato, varios dirigentes de su espacio tienen lugares expectantes en las listas. Los más destacados son Ofelia Fernández e Itaí Hagman, en la Ciudad.
La crisis y el salto de los dirigentes de los movimientos sociales a la política enfriaron el diálogo que los dirigentes mantenían con el Gobierno. Desde 2016, la UCR critica en voz baja y alta la relación de la Casa Rosada con las organizaciones. Intendentes y gobernadores planteaban la necesidad de capitalizar esa ayuda y volvieron a quejarse cuando constataron que los movimientos sociales fiscalizaron las PASO para el Frente de Todos. Miguel Pichetto se sumó a las críticas que en el Gabinete comparte la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y algunos intendentes.
Hay sectores que quieren que Alberto Fernández ejecute sus propuestas, si resulta electo. “La crisis y la chance de ganar aceleraron un proceso de confluencia. Integramos el Frente de Todos y nos sentimos protagonistas, vamos a presentar programas para el Ejecutivo y el Legislativo y plantearnos nuestras disidencias”, describe Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, que coló como candidata a diputada nacional a Fernando Souto.