El régimen chavista que gobierno Venezuela con mano de hierro sumó una denuncia de pesos.
Luego de su visita del 19 al 21 de junio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, difundió sus conclusiones sobre la situación en ese país.

Denunció 6.856 ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad chavistas entre 2018 y lo que va de este año. La causal esgrimida en la mayoría de los casos fue “resistencia a la autoridad”. El gobierno adujo que son “incontables las imprecisiones del informe”.

Cerca de 7.000 “ejecuciones extrajudiciales” o asesinatos se produjeron en Venezuela en el último año y medio, según un informe publicado ayer por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUD), Michelle Bachelet, que recientemente visitó ese país. La mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad en una proporción “sorprendentemente elevada”, alertó la ex presidenta chilena.

En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta igualmente que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como ‘colectivos’ han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.

La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, durante operaciones policiales en 2018.

Las autoridades del gobierno de Maduro contabilizaron ese número de muertes durante operativos de seguridad que fueron clasificados como “resistencia a la autoridad”, además de otras 1.569 ejecuciones este año hasta el 19 de mayo, según indica el reporte. También menciona números independientes del Observatorio Venezolano de Violencia de al menos 7.253 de homicidios de ese tipo el año pasado, además de al menos 2.124 entre enero y mayo de este año.

“La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada”, señala la oficina de Bachelet. Los entrevistados se referían de manera constante a las FAES como “escuadrón de la muerte” o “grupo de exterminio”.

Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó a la AFP una portavoz, Ravina Shamdasani. “No las habíamos publicado hasta ahora (...). Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes”, detalló. Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, afirma la Alta Comisionada.

La reacción del gobierno de Nicolás Maduro fue inmediata y en duros términos. “Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUD, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles”, replicó el régimen.

El informe presenta una visión “selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela” replicó el gobierno chavista en sus comentarios. “El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas ‘por motivos políticos’. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”, añade.

Para el régimen de Maduro, “hay importantes debilidades presentes en la metodología para su elaboración”, se privilegia fuentes “carentes de objetividad” y se excluye “casi en su totalidad la información oficial”.