En 2018, la tasa de homicidios subió un 45,8%. Es un número alto para un país que carece de esos antecedentes.

La ola de inseguridad irrumpió durante el último año y también penetró los discursos partidarios durante la campaña electoral.

La oposición aprovechó para explotar este costado débil de la coalición de izquierda Frente Amplio, que ya lleva tres períodos consecutivos de gobierno. Los números sobre el fenómeno de la violencia social impresionan: la tasa de homicidios se elevó a 11,8 muertos por cada 100.000 habitantes.

Si bien esta cifra no es comparable a la de las naciones más violentas del continente (Brasil, México, El Salvador, donde superan los 50 asesinatos), sí es un registro inédito en este país y rebasa el de la mayoría de los territorios de Sudamérica.

La opinión pública no fue ajena a su impacto, aunque todo se potenció con otros problemas que comenzaron a esmerilar el poder simbólico del gobernante Frente Amplio y el apoyo que le ha dado históricamente un sector importante de la población.

Los hechos de corrupción, el parate económico, la postura condescendiente con el régimen de Nicolás Maduro y la ausencia de sus figuras claves en los próximos comicios: así, por ejemplo, Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori no participarán de la pelea electoral.

La centroderecha y los sectores conservadores se montaron sobre algunos de estos aspectos para impulsar las campañas de sus partidos. El senador Jorge Larrañaga, en su pelea en la interna del opositor Partido Nacional (centroderecha), propició la militarización de la calle -plantea sumar 2.000 militares a la seguridad pública en todo el país- y la firma de un petitorio para convocar a un plebiscito que incorpore la cadena perpetua al Código Penal en casos de violación y asesinato de menores, sicarios y asesinos múltiples.

En menos de un año el petitorio fue firmado por 407.000 personas, cifra que supera el 10% requerido para convocar a un plebiscito. Y lo hicieron pese al boicot de otros partidos y del gobierno nacional.

No sólo los políticos opositores le achacan cierta desidia al gobierno actual. También lo hace un gran sector de la población. El presidente Tabaré Vázquez ganó las elecciones de 2014 con la promesa de bajar un 30% los robos violentos. No sólo no cumplió, sino que además aumentaron significativamente.

Según el comentario de Diego Sanjurjo, especialista en temas de seguridad, una de las causas de esta “epidemia” de inseguridad está dada por un error político del gobierno. “La fuerza gobernante subestimó claramente al crimen”, señala.

El politólogo Adolfo Garcé, de la Universidad de la República, coincide: “Nadie discute que esto ya no es sensación térmica. Esto es temperatura”.