Con el fin de combatir verdaderamente al narcotráfico y que no se disfrace con detenciones a los consumidores que aumentan la estadística pero no resuelven el problema del mercado negro, el proyecto del nuevo Código Penal argentino trae una novedad en favor de las libertades individuales: la despenalización del consumo de drogas y del autocultivo de marihuana.

El proyecto lo recibirá el presidente Mauricio Macri el 21 de agosto y luego lo enviará al Senado para su tratamiento, discusión y votación.

La modificación, sobre la que viene trabajando la Comisión de la Reforma del Código, que preside el juez federal de Casación Penal Mariano Borinksy, no "libera" el consumo, sino que establece ciertas pautas relacionadas a la intimidad del usuario de las sustancias, la cantidad y la afectación a terceros.

La despenalización queda establecida en varios artículos del nuevo Código, dentro de los "delitos de narcotráfico y relacionados con estupefacientes". Según las fuentes consultadas, el proyecto marca que la tenencia para consumo seguirá siendo delito, excepto que haya "escasa cantidad" y en el "ámbito de privacidad". Los mismos estándares se utilizarán para evaluar cultivos personales de cannabis.

La mofidicación en este punto está centrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que sostiene: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".

Ese mismo artículo fue referido en dos oportunidades por la Corte Suprema. El 29 de agosto de 1986, en el célebre fallo "Bazterrica", por el cual dejó sin efecto una condena a Gustavo Bazterrica, guitarrista de Los Abuelos de la Nada, y de Charly García, quien había sido detenido en su propia casa con 3,6 gramos de marihuana (tres porros) y 0,06 gramo de cocaína. Y casi exactamente 23 años después, el 25 de agosto de 2009, con otro fallo famoso,"Arriola", por un caso de tenencia para consumo personal de marihuana contra siete personas de Rosario.

En ambos casos, las respectivas Cortes declararon inconstitucionales artículos de las leyes de drogas porque no respetaban el espíritu del artículo 19 de la Constitución que resguarda las acciones privadas.

Arriola es la huella por la que correrán estos artículos en el nuevo Código Penal. Actualmente, si un policía detiene a una persona con un porro en el bolsillo, es considerado delito aun cuando se comprueba la escasa cantidad para uso personal. Y prevé hasta dos años de prisión.

La nueva norma dice que la conducta para uso personal con escasa cantidad no será punible si la tenencia no hubiere trascendido el ámbito de la privacidad. Es decir que la tenencia para consumo personal en baja cantidad estará contemplada con un castigo de un mes a dos años de prisión, excepto que sea dentro del marco privado. Lo mismo corre para el autocultivo de marihuana y la tenencia de semillas.

La idea base de esta novedad está centrada en que la lucha contra el narcotráfico no use a los consumidores como pantalla para aumentar estadísticas de detenciones por ley de drogas. Habrá que ver cómo funciona eso en la calle.

A su vez, el nuevo Código incorpora los delitos de narcotráfico y estupefacientes y evalúa aumentar las escalas de los tipos penales actualmente previstos en la ley especial.

Este incremento cuantitativo se encontraría diferenciado según la gravedad de la conducta. Se parte de la actual escala penal (de 4 a 15 años de prisión) para quienes siembren, cultiven o guarden plantas o semillas aptas para la producción de estupefacientes y se aumenta la escala penal de 5 a 20 años de prisión para los eslabones más peligrosos de la cadena del narcotráfico: la fabricación, producción y la comercialización de estupefacientes.

Además, se agrega como una nueva figura penal la "organización internacional dedicada al narcotráfico" y se prevé una pena de hasta 25 años de prisión para los jefes u organizadores de esta clase de empresas.

También, se incorporan nuevas agravantes a las actualmente previstas por la ley de drogas, entre las cuales se encuentran la provisión de estupefacientes a menores de edad o a personas sometidas a tratamiento de desintoxicación, el uso de armas y la utilización de menores de 18 años para la producción o comercialización de estupefacientes, o la venta en fiestas o espectáculos.