La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó anoche dos resoluciones, la más importante fue el repudio hacia el régimen de Venezuela por las fraudulentas elecciones de mayo, y el inicio del proceso de suspensión del país caribeño del organismo. La segunda, mucho más tibia, exigió “el cese inmediato” de la violencia en Nicaragua, sin condenar la represión del gobierno de Daniel Ortega, que ya dejó más de 120 muertos.

En el foro político más importante del organismo, que agrupa a la mayoría de los cancilleres del continente americano, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú plantearon desconocer los recientes comicios en Venezuela por la falta de transparencia, y la suspensión de ese país del foro regional, lo que fue apoyado por la mayoría.

El debate en comisión de esta resolución fue agrio, largo y con constantes enfrentamientos entre dos bandos. Uno conformado por Venezuela y sus aliados -Bolivia y Antigua y Barbuda-, y el otro por algunos integrantes del Grupo de Lima, como México, Colombia y Argentina.

Una vez que llegó al recinto, la resolución contó con el voto positivo de 19 países, uno más de los necesarios. Tuvo el apoyo del Grupo de Lima, un bloque crítico de Nicolás Maduro y que integran otros ocho países americanos además de los seis que plantearon el texto. Pero también se unieron otras naciones como Jamaica, Barbados y Bahamas, que hasta ahora se habían mantenido distantes.

Votaron en contra San Vicente y Granadinas, así como Bolivia y la propia Venezuela. Todos los demás se abstuvieron.

No obstante, la suspensión no será automática porque ahora el organismo debe convocar a una Asamblea General extraordinaria con los cancilleres regionales y obtener el respaldo de 24 países, es decir, dos tercios de los 34 miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).

Los impulsores de la iniciativa comenzaron las negociaciones para sumar votos. “Estamos en el proceso de negociación general, en ese proceso de negociación algunos países del Caribe se han venido acercando cada vez más. Tenemos que tener un poco de paciencia para lograr los puntos de convergencia necesarios que el pueblo venezolano y esta organización están esperando”, indicó a la prensa la canciller de Costa Rica, Epsy Campbell.

La llave para esa votación la tendrían los países del Caribe, tradicionales aliados del gobierno de Maduro que mantienen abultadas deudas con Caracas y que, desde la creación del Petrocaribe, han podido acceder a combustible barato. El gobierno de Donald Trump ha hecho uso de su poderío económico para tratar de contrarrestar la influencia de Venezuela sobre el Caribe y conseguir que sea suspendida del organismo.

El deterioro de la situación de derechos humanos y civiles en Venezuela ya fue protagonista de las discusiones de las dos últimas asambleas generales de la OEA, pero los detractores de Maduro nunca lograron incluirlo en la agenda oficial.

Recién ahora se pudo avanzar en la suspensión, paso que es meramente alegórico ya que en abril del año pasado Venezuela solicitó su salida de la OEA, un proceso que se concreta en dos años. Pero tiene un alto simbolismo político de cohesión regional contra el régimen de Maduro.

Su aprobación sirve para establecer el criterio de legalidad y legitimidad del continente americano con respecto a al régimen venezolano y, dependiendo de su alcance, podría llevar a cambios en las relaciones diplomáticas, imposición de sanciones y restricción de visados.

El texto de la resolución incluye también una condena a las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro fue reelegido como presidente, y una petición para que acepte ayuda humanitaria.

La suspensión “demuestra que la OEA respalda sus palabras con acciones y envía una poderosa señal al régimen de Maduro: solo las elecciones verdaderas le permitirán a su gobierno ser incluido en la familia de las naciones”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.

“El prestigio de esta organización está en juego en lo que podamos hacer” con relación a la “grave crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela”, afirmó por su lado el canciller de Argentina, Jorge Faurie.

Con respecto a Nicaragua, la resolución “declara su condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general”. Además, el texto hace un llamamiento al gobierno de Ortega “y otros actores sociales” para “que demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados claros”. Pero en ningún momento cuestiona el accionar de los grupos paramilitares, como pedía la oposición.