El Gobierno porteño anunció que buscará prohibir a los trapitos y los limpiavidrios en la Ciudad. El Ejecutivo presentará este jueves en la Legislatura un proyecto de modificación del Código Contravencional, para sancionar a quienes ofrezcan el servicio de estacionamiento o de limpieza de vidrios en la calle.

Las modificaciones se enmarcan en una serie de propuestas que apuntan a aumentar la autonomía de las mujeres en la Ciudad, para que puedan usar el espacio público en las mismas condiciones de seguridad que los hombres.

Al momento el Código fijaba sanciones sólo para quienes exigieran una retribución por el cuidado del vehículo en la vía pública sin autorización. Esto presenta un problema: hay que probar que el cuidacoches realmente demandó el dinero, y no que simplemente pidió una propina. Como para eso es necesario que la víctima presente la denuncia y reunir otros elementos como declaraciones de testigos o videos, la mayoría de las causas termina en nada. A partir del cambio en la ley, el solo hecho de ofrecer el cuidado del auto será suficiente para una sanción. De hecho, la Policía podrá labrar actas si encuentra in fraganti a los trapitos en la calles.

“Se pasa de que no se pueda exigir a que no se pueda ofrecer, y la diferencia entre las dos palabras es grande porque en el primer caso se obliga al dueño del vehículo a demostrar que le exigieron de mala manera”, explicó al diario Clarín, el secretario General y de Relaciones Internacionales porteño, Fernando Straface. Este cambio atiende a una demanda que los fiscales porteños vienen planteando desde hace años, que se quejaban de que este punto hacía que la mayoría de las causas contra cuidacoches terminaran archivadas.

A su vez, el proyecto crea una figura nueva en el Código: el de limpiavidrios sin autorización legal, que son todos los que trabajen en la calle. Los únicos habilitados son los que limpian vidrios en calidad de empleados de lavaderos o de estaciones de servicio.

El texto también prevé sanciones dobles si el limpiavidrios o el cuidacoches ofrece sus servicios a una mujer. “Es muy difícil para nosotras pararnos y decirles ‘no’, porque nos sentimos intimidadas. Por eso la sanción en este caso es doble”, explicó la ministra de Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri.

El proyecto plantea sanciones dobles también en los casos en que los oferentes del servicio de limpieza de vidrios o de cuidado de coches sean dos o más personas. “Esto apunta a algunos escenarios en los que opera una organización y una mafia asociada a esa actividad”, precisó Straface.

Desde el Gobierno también anunciaron que trabajarán en conjunto con la Cámara de Garajes de la Ciudad (CAGESRA) para inscribir en una bolsa de trabajo a los trapitos sancionados, los cuales tendrán prioridad para trabajar cuando se incorpore personal en las playas de estacionamiento. Además, junto a esa cámara les ofrecerán cursos para insertarse en el mercado laboral formal.

Estos cambios no implican la realización de operativos, explicaron desde el Gobierno porteño, pero sí “dar un marco legal para que el policía que ve a un cuidacoches o limpiavidrios in fraganti pueda actuar”.

El Código actual fija sanciones de entre uno y dos días de trabajo de utilidad pública o multas de $ 200 a $ 400 para quien exija retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal.

El proyecto de su modificación incluye, además de las opciones de penas mencionadas, la de arresto de uno a cinco días. Y duplica las penas si la actividad es realizada en un radio de hasta 30 cuadras de un espectáculo masivo o un estadio.

No es la primera vez que se propone prohibir a los trapitos: en varias oportunidades el macrismo lo intentó, pero nunca consiguió llegar al mínimo de 31 votos necesarios para la reforma. Hoy, en cambio, cuenta con 34 en el bloque oficialista Vamos Juntos.

La propuesta de reforma al Código también pretende prohibir las pegatinas de oferta sexual. Las empresas que figuren en esos stickers podrán ser sancionadas y hasta clausuradas.

El resto de las modificaciones planteadas también apuntan a aumentar la autonomía de las mujeres. Una de ellas es duplicar las penas cuando las víctimas de acoso sexual sean mujeres o niños, o cuando los agresores sean dos o más personas.

También se introduce la figura del ciberacoso, dentro de la cual se enmarca la difusión online de imágenes o grabaciones íntimas sin consentimiento de todos los involucrados, también conocida como “porno venganza”. El proyecto plantea agravar las sanciones previstas por hostigamiento cuando este sea llevado adelante por medios digitales.