El Estado Nacional reclamará que la Sociedad Rural devuelva el gigantesco predio de Palermo que en 1991 le compró al Estado en un precio considerado "vil" y que se ventilará en un juicio oral previsto para el 6 de junio próximo. La entidad sostiene que ese inmueble fue comprado "a derecho", y promete dar pelea ante la Justicia, en medio de una tensión creciente con el Poder Ejecutivo, que ya se venía manifestando con la intención por ahora dejada de lado de poner en revisión la baja de las retenciones.

El gobierno de Mauricio Macri reclamará ante la Justicia que el predio que ocupa la Sociedad Rural y donde se realiza tradiciones encuentros feriales, vuelva al Estado.

Esta petición es el principal reclamo del juicio oral y público contra el expresidente Carlos Menem y el exministro Domingo Cavallo, entre otros, acusados de vender sin autorización parte del Parque Tres de Febrero a la Rural por el precio considerado "vil" de 30 millones de dólares en 1991, una cuarta parte de su valor real.

Ese dinero debía pagarse en cuotas y la Sociedad Rural solo abonó 6,5 cuotas, según los cálculos del Gobierno.

La fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún, irá no solo contra los exfuncionarios y los ejecutivos de la Rural que realizaron la operación, sino también reclamará que el predio de Palermo regrese al patrimonio del Estado, consignaron fuentes oficiales.

Igual reclamo realizará la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), querellante en la causa como organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Marcos Peña.

El juicio estará a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michilini. Los acusados son Menem, Cavallo, dos exfuncionarios del Ministerio de Economía, seis de los Bancos Ciudad e Hipotecario y dos dirigentes de la Sociedad Rural.

La elevación a juicio también alcanza al exdirector de la Comisión de Venta Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales Gastón Ramón Figueroa Alcorta y al titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales Matías Lucas Ordoñez, del Banco de la Nación.

La nómina se completa con el entonces presidente de la SRA, Ricardo Agustín de Zavalía, y el empresario agropecuario y exsecretario de la SRA Juan Alberto Ravagnan.

Todos están acusados de peculado por sustraer un predio de dominio público para su venta ilegítima a un privado.

Se trata de un delito grave penado con hasta 10 años de prisión.

El boleto de compra-venta fue firmado en la propia Casa Rosada por Cavallo y los compradores de la Rural el mismo el mismo día de la firma del decreto.

El presidente de la Rural, Daniel Pelegrina, señaló que la entidad "compró a derecho" el predio de Palermo en 1991.

Pelegrina dijo que hubo una "oferta del gobierno de entonces" y que era tanto para la entidad como un eventual otro interesado.