Luciano Di Cesare, ex titular del PAMI durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, deberá dar varias explicaciones a la Justicia sobre la forma en que se manejó la plata de los jubilados durante su controversial gestión.

La Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que durante 2014, bajo la gestión de Di Cesare, se pagaron $ 311,6 millones "de más", a los prestadores "con Cartera Asignada", sin que hubiera documentación respaldatoria de las prestaciones efectivamente realizadas.

Entre las irregularidades detectadas, la AGN detectó "prácticas no realizadas" a prestadores que facturaron la colocación de Dispositivos Intrauterinos (DIU) a pacientes de entre 63 y 87 años, incluyendo el pago del DIU.

A esto se suman pagos por la realización de más de 30 tomografías a un solo paciente "en el transcurso de la internación".

Los prestadores "con Cartera Asignada" tenían un listado de afiliados al PAMI, por los que recibían un pago por adelantado.

A medida que iban brindando los servicios, descontaban el pago del monto asignado.

Pero el informe de la AGN aseguró que había una "falta de conciliación entre los importes facturados ($ 887 millones) por los prestadores durante 2014 y la suma total de las prestaciones transmitidas por los mismos, que se encuentran valorizadas por $ 575 millones.

La diferencia deberían explicarla Di Cesare y sus funcionarios.

Di Cesare era uno de los funcionarios preferidos del matrimonio Kirchner y estuvo a cargo del PAMI durante toda la gestión de Cristina Fernández.

En 1991 el fallecido Néstor Kirchner lo nombró director de la obra social de Santa Cruz.

Como frutilla del postre, el kirchnerismo perdió las elecciones ante Mauricio Macri, Di Cesare exigió la liquidación de presuntas vacaciones no liquidadas, por $ 1,3 millón.

Fue procesado por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".