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Provincias: empleo público aumentó 60% entre 2003 y 2016
La paradoja es que el incremento fue aún mayor en las más pobres, como Chaco Jujuy, Salta y Catamarca. En Santa Cruz se duplicó
13 de mayo de 2018
Desde hace décadas, las clase política y las sucesivas dictaduras se ocuparon de crear un Estado gigante, al que mantienen cada vez con más esfuerzo los contribuyentes.
El chiste en cada gobierno que llega es que se encuentra con "capas geológicas" en las distintas dependencias oficiales, a nivel Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero nadie hace demasiado para cambiarlo, como si existiese un acuerdo no escrito entre los partidos políticos para mantener a los protegidos de cada sector mientras se incorporan a planta los nuevos, algo que también ocurrió durante estos dos primeros años de Cambiemos.
Según el economista Agustín Erchebarne, "en el Senado de la Nación hay 2.865 agentes de planta permanente. Además, 1.660 contratados y 208 contratos de locación. Esto hace un total de 4.733 cargos. Los senadores son 72. Lo que hace que haya 65 tipos por senador".
En las provincias el problema no es distinto: por ejemplo, el aumento de la burocracia a sueldo del Estado en Salta fue estratosférico en los últimos años, pero no provocó grandes mejoras en los servicios públicos, aunque sí ayudó a que el peronista Juan Manuel Urtubey lograra tres mandatos consecutivos de cuatro años cada uno, señala el portal salteño Iruya.com.
La profunda crisis de las cuentas públicas del Estado, las presiones inflacionarias y la acelerada devaluación de la moneda son la causa del empobrecimiento de vastos sectores de la población que perciben rentas fijas, fundamentalmente trabajadores asalariados y jubilados. Detrás de este fenómeno se oculta la política irresponsable de algunas provincias -especialmente las más pobres- que no han encontrado mejor solución a sus problemas que meter la mano en el saco sin fondo del empleo público y del gasto improductivo.
Los especialistas que realizan los análisis más duros sobre este fenómeno sostienen que esa política controversial se implementa con el doble objetivo de evitar el costo de las reformas de la economía y crear una legión de dóciles empleados, que junto a sus familias constituyen una cantera de votos para el poder de turno.
Según un estudio realizado por el economista Roberto Cachanosky, sobre datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el aumento medio porcentual del empleo público en las diferentes provincias argentinas en el periodo 2003-2016 ha sido del 59,5%.
Sin embargo, un selecto grupo de provincias ha engordado la planta de personal del Estado en niveles muy superiores. A la cabeza figura Tierra de Fuego, con un aumento del empleo público en el período estudiado del 119,2%.
Le siguen la Provincia del Chaco, con el 113%; la Provincia de Santa Cruz, con el 106,9%; la Provincia de Jujuy, con el 94,1%; la Provincia de Salta, con el 83%; la Provincia de Chubut, con el 80,3%; y la Provincia de Catamarca, con el 78,4%.
El chiste en cada gobierno que llega es que se encuentra con "capas geológicas" en las distintas dependencias oficiales, a nivel Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero nadie hace demasiado para cambiarlo, como si existiese un acuerdo no escrito entre los partidos políticos para mantener a los protegidos de cada sector mientras se incorporan a planta los nuevos, algo que también ocurrió durante estos dos primeros años de Cambiemos.
Según el economista Agustín Erchebarne, "en el Senado de la Nación hay 2.865 agentes de planta permanente. Además, 1.660 contratados y 208 contratos de locación. Esto hace un total de 4.733 cargos. Los senadores son 72. Lo que hace que haya 65 tipos por senador".
En las provincias el problema no es distinto: por ejemplo, el aumento de la burocracia a sueldo del Estado en Salta fue estratosférico en los últimos años, pero no provocó grandes mejoras en los servicios públicos, aunque sí ayudó a que el peronista Juan Manuel Urtubey lograra tres mandatos consecutivos de cuatro años cada uno, señala el portal salteño Iruya.com.
La profunda crisis de las cuentas públicas del Estado, las presiones inflacionarias y la acelerada devaluación de la moneda son la causa del empobrecimiento de vastos sectores de la población que perciben rentas fijas, fundamentalmente trabajadores asalariados y jubilados. Detrás de este fenómeno se oculta la política irresponsable de algunas provincias -especialmente las más pobres- que no han encontrado mejor solución a sus problemas que meter la mano en el saco sin fondo del empleo público y del gasto improductivo.
Los especialistas que realizan los análisis más duros sobre este fenómeno sostienen que esa política controversial se implementa con el doble objetivo de evitar el costo de las reformas de la economía y crear una legión de dóciles empleados, que junto a sus familias constituyen una cantera de votos para el poder de turno.
Según un estudio realizado por el economista Roberto Cachanosky, sobre datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el aumento medio porcentual del empleo público en las diferentes provincias argentinas en el periodo 2003-2016 ha sido del 59,5%.
Sin embargo, un selecto grupo de provincias ha engordado la planta de personal del Estado en niveles muy superiores. A la cabeza figura Tierra de Fuego, con un aumento del empleo público en el período estudiado del 119,2%.
Le siguen la Provincia del Chaco, con el 113%; la Provincia de Santa Cruz, con el 106,9%; la Provincia de Jujuy, con el 94,1%; la Provincia de Salta, con el 83%; la Provincia de Chubut, con el 80,3%; y la Provincia de Catamarca, con el 78,4%.