Luego de que los dueños de Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, quedaron detenidos, el juez Julián Ercolini abrió una causa paralela en la que se investigará si la venta del del conglomerado de empresas fue una acción "fraudulenta".

López y De Sousa fueron procesados ayer por el juez Julián Ercolini, por administración fraudulenta al no pagar $ 8.000 millones a la AFIP del impuesto a los Combustibles, durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Uno de los motivos por los que se ordenó la prisión preventiva fue por buscar eludir a la justicia con la venta de su holding a OP Investiment de Ignacio Rosner.

Por primera vez, López y De Sousa pasaron la noche en calidad de detenidos. Durmieron en el edificio Centinela de Gendarmería y esta mañana, el personal del Servicio Penitenciario Federal los trasladó al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza en el caso de López y a su socio, al de Marcos Paz.

Al momento de argumentar por qué se ordenaba la detención, el juez Ercolini concluyó que los dueños de Indalo cometieron acciones "dirigidas a obstruir la labor de la justicia”. Uno de los ejemplos citados fue la venta que Cristóbal López realizó a Op Investiment, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, pese a regir "una inhibición de bienes que lo impedía".

El juez indicó que la medida cautelar estaba vinculada directamente al pago de la deuda con la AFIP y que de los escritos presentados por los López y De Sousa "no surgía cómo se iría a abonar; como así tampoco se observó cómo harían frente a la eventual reparación de los daños y perjuicios ocasionados al Estado nacional”.

Los dueños de Indalo -para el juez- desplegaron “diversas conductas tendientes a impedir la conservación" del patrimonio del Grupo que sería la garantía de pago del Estado. Fueron ellos mismos quienes manifestaron “haber vendido sus tenencias accionarias -cuando les estaba vedado conforme ya fue expuesto- con anterioridad a haber solicitado autorización para ello”.

Son 170 las empresas que constituyen el conglomerado económico de López y De Sousa, que durante el kirchnerismo creció exponencialmente: hacia 2003, cuando los K llegaron a la Rosada, no existía el Grupo Indalo como tal y Cristóbal sólo tenía una decena de sociedades. Sobre el holding aún recae una inhibición de bienes y la medida podría extenderse, según fuentes judiciales, a 100 compañías que no eran alcanzadas por la medida cautelar.

Recientemente, la AFIP entregó un informe al juez Julián Ercolini con el detalle de ese centenar de firmas que despertaban sospechas: entre ellas se encuentran empresas de alimentos (20), construcción (12), Inversión (15), Medios de Comunicación (34), Producción (3), Petróleo (6), Servicios (10). El fiscal Gerardo Pollicita no descarta pedir que todas queden inhibidas.

Ante tal escenario, Ercolini decidió que se investigue la venta al fondo de Inversión de Rosner, ante el "presunto incumplimiento de la inhibición general de bienes" y considerando que a raíz de los escritos firmados por López y los dueños de OP Investiment "se ha engañado sostenidamente a este juzgado, a la fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso".

En consecuencia, ante la posible realización de "actos fraudulentos deliberados" que buscarían inducir "a errores procesales para perjudicar a terceros", se pidió investigar la operación "con la posible participación de otras personas hubieran vendido como libres bienes que estaban inhibidos". Por eso se abrió una nueva causa para investigar esto.