Algunos ya la empiezan a señalar como responsable del bochorno visto en la Plaza de los Dos Congresos. Otros dicen que con su fallo evitó muertes.

Como sea, la jueza porteña Patricia López Vergara quedó en el centro de todas las miradas luego de que el fin de semana concedió una medida "autosatisfactiva" para dar curso al legislador porteño Mariano Recalde para ordenar que la Policía de la Ciudad se abstuviera de portar "armas letales" en el operativo del lunes alrededor del Congreso.

Esto derivó en que durante varias horas se pudiese observar cómo cientos de manifestantes atacaban con piedras, palos y distintos objetos contundentes, incluidos bombas molotov, a los policías porteños que intentaban evitar que la muchedumbre llegara a las puertas del Congreso donde se trataba la reforma previsional. 88 policías resultaron heridos en la refriega, de los cuales varios terminaron internados.

La denuncia contra la jueza fue realizada por el ex militar "carapintada" Jorge Pacífico, el mismo que dio origen a la causa contra el ex vicepresidente Amado Boudou por el escándalo de la imprenta Ciccone, ahora en etapa de juicio oral.

Pacífico pidió a la Justicia investigarsi la magistrada incurrió en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La denuncia recayó por sorteo en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. López Vergara, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, fue cuestionada hoy por el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, quien la responsabilizó por las lesiones sufridas por los policías de parte de los manifestantes violentos.

​"Uno empieza a entender la finalidad del fallo que dio la jueza López Vergara. Queda de manifiesto que lo que pretendía era tener una fuerza diezmada, desarmada a los efectos que fuera pasada por arriba del grupo de violentos", advirtió D'Alessandro. "¿Por qué una jueza que no tiene competencia al respecto, que tiene afinidad con un sector político, va a determinar un fallo del cual no permite o condiciona el accionar de la fuerza de seguridad?", se preguntó D'Alessandro.

El domingo último, la magistrada firmó una resolución a pedido de Recalde y el secretario general de la seccional Capital Federal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano, en la que dictó "directivas" al Gobierno de la Ciudad sobre cómo debía ser el operativo del día siguiente en las afueras del Congreso ante el nuevo intento de tratamiento de la reforma previsional, finalmente aprobada esta mañana.

Dispuso que los policías no podrían utilizar armas de fuego y que las balas de goma y gases lacrimógenos sólo serían utilizados como último recurso y a una distancia lejana de los manifestantes.

La Policía de la Ciudad fue desbordada por los manifestantes violentos y finalmente recibió el refuerzo de la Policía Federal para controlar varias horas después la situación. La orden del no uso de armas letales fue impartida por mensajes telefónicos a través del Comando Radioeléctrico a todos los policías de la Ciudad el lunes por la mañana, sobre la base de lo dispuesto por la jueza, y allí también se instruía a los efectivos a no responder agresiones personales de los manifestantes.