Esta mañana Vialidad Nacional, dependiente del Ministerio de Transporte, anuló el contrato por el manejo de la Autopista Riccheri con el empresario Cristóbal López. Además, se le exige cumplir con una deuda de 3.000 millones de pesos.

El Gobierno nacional denunció a Cristóbal López y a su socio, Fabián De Sousa, por "fraude" y "retención indebida" y "defraudación por administración fraudulenta".

La autopista quedará bajo la gestión de una empresa a cargo del Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad, denominada Corredores Viales SA, hasta que se le otorgue la concesión a otra companía el año próximo.

El Gobierno acusa a AECSA, empresa constituída por la constructora CPC de López en un 99,12% y De Sousa en el restante 0,08%, de adeudar 725 millones de pesos del dinero que se recauda en los pejaes y que debe ser transferido a Vialidad Nacional.

Además, las multas adeudadas de la concesionaria dan un total mayor a $1.978 millones, que sumada a los intereses será más de 2.300 millones de pesos. Es por esta razón que se le exije a Cristóbal López saldar una deuda de $3.000 millones, al anularle el contrato por el manejo de la Riccheri.

Vialidad Nacional determinó que AECSA incumplió gravemente sus obligaciones, por lo que damnifica principalmente a los usuarios de la vía y los pone en un peligro inminente. Por esta razón es necesario adoptar medidas para "resguardar la continuidad del mismo y la seguridad vial de los usuarios".