El histórico juicio por trata de personas comenzó hoy a la mañana en la ciudad de Ushuaia y se estima que se extenderá a lo largo de toda la semana, por la cantidad de testigos que podrían declarar. Son tres los imputados y están acusados de trasladar con fines de explotación sexual al menos a ocho mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas a Alika Kinan, al prostíbulo Sheik, uno de los más conocidos de la capital fueguina. Entre los acusados, está el dueño del local.

“Alika Kinan logró tener voz en su caso y a días del inicio del juicio oral y público comenzó a recibir amenazas, presiones, extorsiones, comunicaciones, llamados, videos. Mecanismos todos ellos para coaccionarla, amedrentarla, avergonzarla, adoctrinarla, callarla, desacreditarla. Mecanismos también para que el resto de la sociedad active los prejuicios de género, de clase y de todo tipo que circundan al delito de trata, a la prostitución y a todas las formas de violencia contra las mujeres”, advirtió ayer en un comunicado la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Colombo estuvo en la apertura del juicio junto a Alika, que como querellante está representada por la abogada Marcela Virginia Rodríguez, del Programa de Asesoramiento y Patrocinio a Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación. El fiscal de juicio es Adrián García Lois. Alika llegó resguardada y custodiada al juicio.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, integrado por los jueces: Ana María D’Alessio, Luis Alberto Giménez y fue convocado para completar la integración Enrique Guanziroli, magistrado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Chubut, designado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Los imputados son Pedro Eduardo Montoya, propietario del burdel, Ivana Claudia García, su pareja, también dueña y encargada del control de las mujeres explotadas, y Lucy Campos Alberca, encargada del funcionamiento diario del local.

La causa se inició a raíz de la declaración de una víctima en la provincia de Tucumán, el 19 de noviembre de 2011. La joven contó que había estado en un prostíbulo en Tierra del Fuego, donde había sido explotada sexualmente. Además, detalló que fue trasladada y que junto a ella había otras mujeres de entre 21 y 28 años, algunas de ellas argentinas y otras oriundas de República Dominicana y Colombia.

El titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, formalizó la denuncia en el marco de la misma causa, el 12 de abril de 2012, ante el Juzgado Federal de Ushuaia. Como consecuencia, se delegaron las investigaciones a la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Ushuaia, a cargo de Juan Arturo Soria.

En octubre de 2012, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió el allanamiento en el prostíbulo Sheik y también en la vivienda de los presuntos dueños. Como resultado, ocho víctimas fueron rescatadas del boliche –entre ellas Alika– y los tres acusados fueron detenidos. Además, a partir del material recolectado y de la declaración de las mujeres, se pudo establecer que vivían en condiciones de hacinamiento, que el lugar no contaba con normas de seguridad ni higiene y se pudo observar la presencia de ratas así como una cantidad considerable de basura acumulada. Durante el operativo se pudieron secuestrar los “libros de pases”, planillas con anotaciones, la constancia de pasajes aéreos y un cilindro metálico que tenía diversas pulseras que sería otra manera de tener un control de los denominados “pases” de forma de que no queden registros escritos.

Finalmente, el 21 de noviembre de 2012 fue dictado el procesamiento de los tres imputados y el 27 de marzo de 2015 el fiscal requirió la elevación a juicio.

La particularidad del juicio –además de que una víctima es querellante–, es que se discutirá dentro del proceso penal, la responsabilidad civil de los tratantes y de la municipalidad de Ushuaia a través de una acción civil iniciada por Alika, que podría derivar en la primera reparación económica que un tribunal oral federal podría ordenar, teniendo en cuenta el daño ocasionado por la explotación padecida por ella dentro de la lógica del funcionamiento de un sistema prostibulario.