A casi tres meses de la aprobación del proyecto para actualizar haberes y pagar juicios con sentencia judicial a jubilados que impulsó el gobierno nacional bajo el nombre de "Restitución Histórica", el juez federal Juan Fantini resolvió darle curso a una medida cautelar presentada por el abogado Miguel Ángel Fernández Pastor, que solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2, 28, 33, 34 y 95 de la mencionada ley (27.260), por entender que violan la Constitución Nacional.

El proyecto ya había recibido críticas a causa del mecanismo dispuesto para la financiación: la oposición cuestionó la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y vender activos del ANSES para cumplir la promesa realizada por el presidente, Mauricio Macri.
El fallo suspende por el término de tres meses "o hasta tanto recaiga resolución definitiva sobre el fondo del asunto" la posibilidad de que el Gobierno use los fondos del FSG.

"Los recursos para pagar estos juicios existen en el presupuesto del gobierno nacional, y también está la posibilidad de que realice transferencias de partidas. Además, no hay un número de cuánta gente va a recibir un beneficio y cuánto se va a gastar", señaló el abogado Fernández Pastor.

Desde la ANSES, indicaron que "la ley fue votada por el 80 por ciento del Congreso Nacional. Confiamos en que la justicia va destrabar este conflicto. Es una buena ley y en ella se especifica bien el uso de los recursos del FGS".

"Todavía no hemos sido notificados. Cuando eso suceda vamos a apelar", aseguraron.

Para el abogado que presentó la medida cautelar, "no hacía falta una nueva ley para pagar una sentencia a los jubilados, sino que hace falta cumplir con la ley. Todo este tema que se pone con un gran título no había ninguna necesidad, lo único que hace es ver cómo se abre la posibilidad de gastar el FGS para luego hacer el blanqueo y todo lo que viene atrás".

"Se quieren quedar con la joya de la abuela", planteó con relación a los 770.000 millones de pesos que compone el fondo que se utiliza como garantía del sistema previsional.

En los fundamentos del fallo, Fantini cuestiona que en la ley no hay información sobre el alcance los beneficiarios, ni cuánto se va a gastar para la reactualización de los haberes y los juicios.

La ley de pago a jubilados se votó en el Parlamento encadenada al proyecto de blanqueo de capitales. Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno es que los recursos para afrontar los pagos serán derivados del blanqueo.