La crisis política en Brasil se continúa profundizando. El jefe de la Cámara de Diputados de Brasil y archirrival de la presidenta Dilma Rousseff aceptó un pedido de juicio político contra la mandataria por adulteración de las cuentas públicas, un proceso que podría poner fin a su mandato.

"Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial que podrá acoger o rechazar" el pedido de impeachment, dijo a periodistas el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha.

La decisión de este poderoso legislador evangélico investigado por corrupción en el marco del megafraude a la estatal Petrobras deberá ahora ser analizada por una comisión de diputados cuya conclusión será votada por el plenario de la Cámara.

Con 342 aprobaciones del total de 513 diputados, Rousseff podría ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado. Luego el plenario del Senado la juzgará y en caso de que dos tercios de la cámara alta (54 de 81) levanten su mano afirmativamente Rousseff perderá su mandato y será sustituida por su vicepresidente, Michel Temer (PMDB, centro), hasta las próximas elecciones presidenciales de 2018.

"No hago esto con ninguna felicidad, sé que es un gesto delicado en un momento en que el país atraviesa una situación difícil" desde el punto de vista tanto económico como político, añadió Cunha, cuyo cargo también está en juego por la investigación de Petrobras.

Tras agitar el fantasma del impeachment durante meses, Cunha decidió pasar a la acción el mismo día en que diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) hicieran público que votarían a favor de abrir una investigación contra él en el Congreso por haber ocultado millonarias cuentas en Suiza. Ese proceso tiene potencial de terminar con el mandato del actual jefe de la cámara baja.

El paso inicial para un eventual juicio político a la presidenta, cuya gestión es aprobada apenas por un 10% de la población, sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año turbulento. A esto se suma una profunda crisis económica: Brasil atraviesa una recesión que durará dos años consecutivos según todo pronóstico, la más larga desde 1930-1931.

El pedido de impeachment aceptado por Cunha contra la mandataria fue realizado por un grupo de juristas independientes -incluido un exfundador del PT, Helio Bicudo- que la acusan de haber maquillado las cuentas públicas para cubrir falencias de su gestión, considerado un "crimen de responsabilidad" que conlleva una pena de inegibilidad.

Esa presentación cuenta con el apoyo de diversas fuerzas opositoras, entre ellas la del PSDB (centro-izquierda), cuyo candidato Aecio Neves perdió el balotaje contra la actual presidenta en 2014 por un margen de apenas 3%.

Cunha dijo que había rechazado más de treinta solicitudes de juicio político este año.

En la solicitud se acusa a la presidenta de firmar decretos para autorizar gastos públicos a espaldas del Congreso en un año electoral.