A pocos días de las elecciones presidenciales, las diputadas nacionales Patricia Bullrich y Laura Alonso, ambas del bloque Unión PRO, presentaron hoy denuncias judiciales en las que vincularon a organismos de inteligencia del Estado en un presunto "espionaje ilegal" contra dirigentes políticos, sociales y miembros del Poder Judicial.

Entre los políticos escuchados, según las legisladoras, están los candidatos presidenciales Mauricio Macri (Cambiemos), Sergio Massa (UNA), Margarita Stolbizer (Progresistas) y Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal).

También aparecen la senadora Gabriela Michetti, compañera de fórmula de Macri, el jefe del radicalismo, senador Ernesto Sanz, Alberto Fernández, Ricardo Gil Lavedra, el candidato a gobernador por el frente UNA, Felipe Solá, y el dirigente ferroviario, Rubén Sobrero.

Entre el grupo de los periodistas "vigilados", las diputadas citaron a Magdalena Ruiz Guiñazú, Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Héctor Magnetto, Edgardo Alfano, Santo Biasatti, Nelson Castro y Joaquín Morales Solá y Jorge Lanata entre otros.

En la presentación revelaron que "se estuvieron y se están realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras" contra quienes "mantienen posiciones críticas o independientes al gobierno nacional".

"El seguimiento a ciudadanos, periodistas, jueces, políticos, e intelectuales, es un paso más de los aparatos de inteligencia y control sobre todo aquel que piensa distinto y sobre los temas que le arden en la mano al gobierno", sostuvo Bullrich.

Según se informó en un comunicado de prensa, en la presentación las diputadas también adjuntaron una lista de los espiados por los servicios de inteligencia del Estado, junto con sus nombres, apellidos, documentos, fechas de nacimiento y los motivos de la intervención de los teléfonos.

"Esto demuestra que el cambio de nombre de la Secretaría de Inteligencia (SI) por Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue maquillaje y que fue la propia Presidenta (Cristina Fernández) a través de (Oscar) Parrilli la que habría ordenado que se viole la Constitución espiando a la Corte Suprema, jueces federales, candidatos opositores, periodistas y personalidades que han expresado su disconformidad con acciones del gobierno", advirtió Alonso.

La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Emiliano Canicoba Corral y el fiscal Rodolfo Domínguez y los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires, que por sorteo recayó en el juzgado federal N°7 de Sebastián Casanello, respectivamente.