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Lagomarsino dará una conferencia de prensa
El único imputado por la causa de la muerte de Nisman hablará ante los periodistas a partir de las 15:00. Es una estrategia de su abogado Maximiliano Rusconi
28 de enero de 2015
Diego Lagomarsino, el hombre que se encuentra imputado por haber entregado al fiscal Alberto Nisman el arma con la que se produjo el disparo que ocasionó su muerte, dará esta tarde una conferencia de prensa en la que, seguramente, dará su versión de los hechos.
El encuentro con los medios, será a las 15 en el despacho del abogado Maximiliano Rusconi, el experto penalista al que designó como su abogado.
Lagomarsino era asesor en el equipo de Nisman y fue quien le prestó la pistola calibre 22 de la que salió el disparo que le provocó la muerte al fiscal. Está imputado en la investigación por haberle dado un arma a alguie que no tenía permiso para portarla.
El asesor se convirtió en blanco de los ataques del Gobierno.
En la cadena nacional en la que anunció la reforma del sistema de Inteligencia y volvió a cuestionar la denuncia que, pocos días antes, Nisman había presentado contra ella, el canciller Héctor Timerman y otros por presunto encubrimiento agravado en el caso AMIA, la presidenta Cristina Fernández no sólo mencionó el tema del arma sino que además resaltó –sin llegar a hacer una denuncia específica- que un hermano de Diego Lagomarsino trabaja en un estudio de abogados que tiene vínculos con el Grupo Clarín (que salió a negar que el hermano del asesor de Nisman hubiera trabajado o tuviera alguna relación con sus empresas).
Y hoy el Gobierno, a través del secretario general Aníbal Férnández, redobló la carga contra el hombre que le prestó al fiscal el arma que le provocó la muerte.
“Empieza a preocupar la situación de este muchacho que hacía servicios de inteligencia en las marchas de Cromañón”, apuntó el funcionario que especificó que su acusación se basa en una denuncia presentada por el abogado José Iglesias, padre de uno de los jóvenes fallecidos en ese boliche porteño.
En las sospechas que deslizó contra Lagomarsino, Aníbal Fernández también subrayó que el asesor en informática era un empleado de la UFI-AMIA con un salario muy alto, asimilable al de un secretario, y que sus compañeros prácticamente no lo conocían.
Lagomarsino, con custodia dispuesta por la jueza Fabiana Palmaghini, designó como abogado a Rusconi, un penalista con mucha trayectoria en Comodoro Py, que entre otros, defendió recientemente al ex presidente Carlos Menem y a Nicolás Ciccone, uno de los involucrados en el escándalo que compromete al vicepresidente Amado Boudou. Ayer estuvieron reunidos durante cinco horas.
El encuentro con los medios, será a las 15 en el despacho del abogado Maximiliano Rusconi, el experto penalista al que designó como su abogado.
Lagomarsino era asesor en el equipo de Nisman y fue quien le prestó la pistola calibre 22 de la que salió el disparo que le provocó la muerte al fiscal. Está imputado en la investigación por haberle dado un arma a alguie que no tenía permiso para portarla.
El asesor se convirtió en blanco de los ataques del Gobierno.
En la cadena nacional en la que anunció la reforma del sistema de Inteligencia y volvió a cuestionar la denuncia que, pocos días antes, Nisman había presentado contra ella, el canciller Héctor Timerman y otros por presunto encubrimiento agravado en el caso AMIA, la presidenta Cristina Fernández no sólo mencionó el tema del arma sino que además resaltó –sin llegar a hacer una denuncia específica- que un hermano de Diego Lagomarsino trabaja en un estudio de abogados que tiene vínculos con el Grupo Clarín (que salió a negar que el hermano del asesor de Nisman hubiera trabajado o tuviera alguna relación con sus empresas).
Y hoy el Gobierno, a través del secretario general Aníbal Férnández, redobló la carga contra el hombre que le prestó al fiscal el arma que le provocó la muerte.
“Empieza a preocupar la situación de este muchacho que hacía servicios de inteligencia en las marchas de Cromañón”, apuntó el funcionario que especificó que su acusación se basa en una denuncia presentada por el abogado José Iglesias, padre de uno de los jóvenes fallecidos en ese boliche porteño.
En las sospechas que deslizó contra Lagomarsino, Aníbal Fernández también subrayó que el asesor en informática era un empleado de la UFI-AMIA con un salario muy alto, asimilable al de un secretario, y que sus compañeros prácticamente no lo conocían.
Lagomarsino, con custodia dispuesta por la jueza Fabiana Palmaghini, designó como abogado a Rusconi, un penalista con mucha trayectoria en Comodoro Py, que entre otros, defendió recientemente al ex presidente Carlos Menem y a Nicolás Ciccone, uno de los involucrados en el escándalo que compromete al vicepresidente Amado Boudou. Ayer estuvieron reunidos durante cinco horas.