Un fiscal decidió emprender una investigación sobre los subsidios que el Estado entregó al transporte automotor de pasajeros desde enero de 2010 a diciembre de 2011 y también sobre el suministro de gasoil a precio diferencial.

Así, imputó a quien fue en ese momento secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Eduardo Sícaro.

También pidió investigar a los responsables de 22 empresas de transporte automotor por las varias irregularidades: entre ellas se detectó que el 82 por ciento de beneficiarios a nivel nacional y el 47,05 a nivel provincial y municipal recorrían un kilometraje inferior al que habían declarado para el cálculo del subsidio. Schiavi y Sícaro actualmente están siendo juzgados por la tragedia ferroviaria de Once junto a otros ex funcionarios.

El 5 de marzo de 2014 el abogado Ricardo Monner Sans presentó la denuncia a partir de las irregularidades del informe de la AGN sobre el sistema integrado de transporte automotor (SISTAU) y del suministro de gasoil a precio diferencial.

El primero es un beneficio a las empresas que se nutre del impuesto al gasoil y del Tesoro Nacional; en tanto que el subsidio al precio del gasoil que reciben las mismas se solventan por compensaciones por derechos de exportación que deberían pagar las empresas petroleras y por transferencias también del Tesoro Nacional.

Entre las irregularidades detectadas en el informe y que citó el fiscal en su escrito presentado ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hay un extenso listado. No se rinden cuentas sobre los subsidios que reciben las empresas así como hay falta de control del cronograma de instalación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE); no se fijó un sistema de seguimiento vehicular; no existe un mecanismo para detectar la disminución de servicios en las empresas prestadoras así como el subsidio percibido en exceso por las empresas en las que la CNRT detectó menores servicios que los que vendían para el cálculo del beneficio.

También la falta de detección de las empresas que ya no prestan servicios y siguen percibiendo subsidios; la falta de auditoría en la mayoría de las mismas; la ausencia de estudios o análisis de los costos reales anuales de cada firma; que la base de datos de la CNRT para el procesamiento de la información relacionada al otorgamiento de gasoil a precio diferenciado “no brinda las garantías de seguridad y confiabilidad necesarias”; y los planes de mejoras del parque automotor “no cuentan con la aprobación expresa de la secretaría de transporte”.

En el informe de la AGN también se detectó la entrega de subsidios en forma extemporánea; la falta de sanciones por el incumplimiento del Régimen de Gratuidad para Personas Discapacitadas; y la ausencia de un plan de auditoría, “debilita el control y pone el riesgo que enfrentan y perciben las empresas subsidiadas de incurrir en incumplimientos y el criterio seguido en la actualidad no garantiza similar probabilidad de ocurrencia como así tampoco aplique la revisión de la totalidad de los beneficios del sistema”.