Luego de que la presidenta Cristina Kirchner advirtió con "llamar a los que se están equivocando" para corregir su rumbo, sectores económicos hicieron trascender hoy su preocupación por el regreso de un avance de medidas de intervencionismo, a lo que se suman tensiones por los escraches a supermercados. La principal inquietud está vinculada con la hipotética recreación de una junta nacional de granos, lo cual despierta nerviosismo en un sector clave para recomponer las reservas de la Argentina, a pesar de que el 10 de febrero último el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aclaró que por ahora no está en estudio avanzar con un proyecto de esas características.

Una iniciativa de ese tipo está pensada para una época que "ya no existe en el comercio mundial, podría provocar el nacimiento de un enorme y costoso organismo burocrático que superpondría controles sobre los ya existentes y más sofisticados, todos en manos del mismo Estado", indicaron productores con llegada a la Mesa de Enlace.

El presidente del Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales, Javier Buján, sostuvo que, "conociendo los mercados, no es necesario" tener una Junta Nacional de Granos.

Si bien señaló que "en el mundo entero los gobiernos intervienen, o por lo menos controlan", advirtió que "una cosa esintervenir con ideas y no lo que se ha hecho hasta ahora. Le han errado en todo lo que han hecho".

A esto, consultores vinculados con exportadores dijeron que una medida de este tipo "distorsionaría" la producción y el mercado

del sector, bloquearía el financiamiento externo al país estimulando la fuga de capitales y no resolvería los problemas coyunturales, como la retención de granos por el productor como reserva de valor, al carecer de facultades compulsivas.

También se alertó que recrear una junta contravendría las normas de la actual Organización Mundial del Comercio, ex GATT, a las que la Argentina adhirió oficialmente en 1968, ya que el hipotético ente estatal estaría imposibilitado de otorgar subsidios o aplicar restricciones a las exportaciones.

Las dos experiencias que se suelen citar, de países desarrollados, como referencias sobrevivientes de intervenciones estatales en el comercio de granos, Australia y Canadá, terminaron mal.

La primera, convertida en empresa privada en 1999, dio lugar a un escándalo de coimas internacionales en beneficio del líder iraquí Saddam Hussein -condenado y ejecutado a la horca por un conjunto de naciones internacionales lideradas por Estados Unidos- y su remanente vendido en 2011 a una de las grandes exportadoras, Cargill.

En el segundo caso, el Parlamento canadiense le anuló por ley el monopolio de compra de trigo en algunas provincias y se privatizará antes de 2016.

Esos entes estatales surgieron en diversos países tras la gran crisis en 1929 con el propósito de subsidiar a los productores de granos que veían que los precios internacionales descendían abruptamente.

En el caso de la Argentina, el origen ocurrió en la denominada "década infame" cuando el gobierno conservador del general Agustín P. Justo fundó en 1933 la Junta Reguladora de Granos (su único objetivo era asegurar la provisión a la exportación de materia prima a valores de mercado y mantener un nivel equitativo de precios para el productor).

Fue recreada en 1946, luego por el gobierno militar de 1956 y más tarde, brevemente, por la administración democrática de 1973, hasta su disolución final en 1991.

El comercio internacional de alimentos, en donde funciona a pleno la economía de escala (a más volumen, menos costos) así como en el sector primario en todo el mundo, se ha modernizado de modo sustancial y se desarrolla, desde hace tres décadas, en un entorno esencialmente privado, entre empresas privadas, incluso en la China ya considerada poscomunista, explicaron analistas del sector.

Sin embargo, en un mundo caracterizado por el ya casi inexistente comercio entre Estados –hoy se efectúa entre privados- y sin la propiedad de puertos, acopios, elevadores, etcétera, la restauración de un organismo de esa naturaleza exigiría un voluminoso presupuesto fiscal para cumplir funciones de supervisión, información y contralor que actualmente ya se realizan a través de los ministerios de Economía, Agricultura, Transporte y Relaciones Exteriores, y organismos estatales como AFIP, DGI, Dirección General de Aduanas, SENASA, UCESCI (continuadora de la ex ONCCA), INTI, INTA y el Banco Central.

Para analistas agropecuarios, las funciones de la ex Junta Nacional de Granos, en cuanto a control, perduran bajo la órbita del Estado, el que por ejemplo fija diariamente el precio FOB de los granos, que toma en cuenta el precio internacional puesto en las pizarras del mercado de Chicago y que se utiliza para calcular el pago de los derechos de exportación.

Mediante ese mecanismo, además, se evitan eventuales maniobras de subfacturación, un tema clave que el gobierno argentino viene siguiendo en detalle.

El sistema para la liquidación de divisas es hoy controlado por la AFIP, el Banco Central, la Aduana y el Ministerio de Agricultura, siguiendo normas explícitas con ese propósito.

Una de las últimas y más polémicas intervenciones de la antigua Junta Nacional de Granos ocurrió en 1986 cuando el Estado compró por 50 millones de dólares 38 mil toneladas de pollos a Hungría, Venezuela y Brasil para regular el mercado interno, ordenada por el entonces secretario de Comercio Ricardo Mazzorin, los que nunca pudieron ser comercializados debido a que el SENASA los declaró no aptos para el consumo humano.