La justicia citó a declaración indagatoria al vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, y al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, entre otros, por malversación de fondos públicos utilización del programa Fútbol para Todos para atacar a la oposición le puede costar caro al Gobierno.

El juez Claudio Bonadio le puso fecha a las indagatorias: Scoccimarro deberá comparecer el 26 de este mes; mientras Abal Medina, a quien no se lo ve en público desde que fue reemplazado en su cargo en noviembre pasado por Jorge Capitanich, deberá presentarse en tribunales dos días después, el 28.

Ante Bonadio también deberán declarar el integrante de La Cámpora y ex subsecretario de Comunicación Pública Rodrigo Rodríguez, el 20 de febrero; y el subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión, Fernández Russo, el 24, según el pedido judicial difundido por el Centro de Información Judicial.

Todos ellos están involucrados en una causa que se inició ante la denuncia de los legisladores de Pro Cristian Ritondo y Daniel Presti, luego de que el Gobierno diera a conocer en agosto de 2012, durante una transmisión de Fútbol para Todos, un spot que cuestionaba a la administración de Mauricio Macri por el manejo del subte.

El anuncio de la polémica se transmitió 11 de agosto de 2012, en el entretiempo de River Plate contra Estudiantes de La Plata. En el spot de poco más de dos minutos, la Casa Rosada responsabilizaba al jefe de gobierno porteño por el conflicto gremial que mantuvo paralizado el subte durante varios días, además de la administración, las tarifas y los vagones de los trenes.

"El gobierno de la Ciudad tiene la obligación legal, los recursos nacionales y de los porteños para hacerse cargo del subte. Esto significa hacer obras, dar mantenimiento y garantizar que viajes tranquilo. Pero también solucionar los conflictos gremiales y asegurarte que puedas viajar. ¿Por qué no lo hace?", se preguntaba el aviso, que cerraba con el sello de Presidencia de la Nación.

Ritondo y Presti denunciaron a los responsables en aquel momento de la comunicación gubernamental por "utilizar fondos públicos -que debieron ser utilizados para otros fines comunes a la ciudadanía y evidentemente asignados presupuestariamente a otros conceptos- para realizar una publicidad cuyo objetivo fue emitir una opinión absolutamente subjetiva y propia del partido que preside la gestión actual, relacionada con una cuestión de corte netamente político y que en este momento se encuentra en puja con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Según la ley, el delito de malversación pública "será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años".

La investigación de Bonadio apunta a determinar cuál fue la línea administrativa que recorrió el aviso para llegar a transmitirse en Fútbol para Todos. Por eso citó a declarar a Scoccimarro y a Abal Medina, que repetirían la postal de kirchneristas en Tribunales, como protagonizó el vicepresidente, Amado Boudou, el viernes pasado por el caso Ciccone.