En una causa de alto impacto, el juez federal Ariel Lijo procesó y embargó a 17 directivos de la filial argentina de Siemens por el presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno menemista para quedarse con el negocio de la confección de los DNI.

La Justicia ya determinó que se pagaron más de 106 millones de dólares en coimas y ahora falta determinar quiénes son los funcionarios que cobraron para favorecer a la empresa alemana. El contrato fue anulado en el 2000 por Fernando de la Rúa.

El juez procesó, sin prisión preventiva, a los directivos de Siemens Uriel Jonathan Sharef, Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Eberhard George Reichert, Luis Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ernst Michael Brechtel, Bernd Regendatz, Ralph Matthias Kleinhempel y José Alberto Ares. También fueron procesados como intermediarios de los pagos Carlos Francisco Soriano, Miguel Angel Czysch y José David. Los otros procesados son dirtectivos de la competidora, la UTE Itron, SHL Systemhouse Inc., TRW Systems Overseas Inc. y Malam Systems Ltd., que participó de la maniobra a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar a Siemens It Services, una subsidiaria de la multinacional.

Ellos son Antonio Solsona, Guillermo Andrés Romero, Orlando Salvestrini, Luis Cudmani y Federico Rossi Beguy. El total de los embargos asciende a 500 millones de pesos.

La causa arrancó en febrero de 1998 cuando el entonces presidente Carlos Menem firmó el decreto que le adjudicó a Siemens IT Services SA la confección de los documentos de identidad y pasaportes por seis años.

La empresa firmó un contrato por 600 millones de dólares, que se extendió y ascendió luego a 1.200 millones.

Según la causa judicial a cargo de Lijo, para poder justificar los pagos, Siemens y sus filiales firmaron contratos ficticios por servicios que nunca se prestaron.