El equipo de José María Campagnoli, el fiscal que investigó el caso Lázaro Báez suspendido el jueves por pedido de la procuradora Alejandra Gils Carbó, estudia desde primera hora de la mañana qué estrategia judicial adoptar después de la decisión de separarlo de las fiscalías que tenía a su cargo. La defensa del fiscal tiene un problema: la suspensión dispuesta en su contra, por ley, no es apelable.

El procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento sólo prevé como apelable la sentencia definitiva de remoción. En ese caso, el fiscal puede pedir que la Cámara en lo Contencioso Administrativo revise su destitución.

La suspensión, en cambio, es una medida cautelar, que dura "hasta la finalización de esta instancia", según sostuvo ayer el tribunal. Es decir, hasta que se termine el juicio oral y público donde este mismo tribunal decidirá si repone a Campagnoli o lo remueve definitivamente. Para hacer ese juicio, el tribunal tiene 180 días hábiles (unos diez meses).

Por eso, en estas horas la defensa de Campagnoli estudia diferentes opciones, que incluyen varios caminos judiciales; uno de ellos, intentar un per saltum directo a la Corte..