La guerra de Malvinas precipitó el final de la dictadura, que se jugó a todo o nada en esa aventura para tratar de conservar el poder. El 30 de marzo de 1982 una movilización multisectorial convocada por la CGT, conducida por Saúl Ubaldini, resistió por horas los tiros y palazos que salían de los carros blindados que custodiaban la Casa Rosada. Fue la antesala de la decisión de Leopoldo Galtieri de ordenar la recuperación de Malvinas con miles de jóvenes conscriptos que, con apenas 18 años, fueron enviados desde el norte Argentino a pelear sin equipamiento contra la segunda fuerza más importante de la OTAN. La derrota fue catastrófica. El 30 de octubre del ’83 erigió a Raúl Alfonsín como presidente, con el 51.7% de los votos. Alfonsín no sólo debía resolver la herencia de sangre y destrucción que dejó la Dictadura sino consolidar la naciente democracia. Para 1984, Alfonsín llevó a los dictadores al banquillo de los acusados.

En la Pascua de 1987, militares “carapintada” se alzaron en armas contra el gobierno democrático para condicionar las causas judiciales contra los responsables de la tortura, la muerte y desaparición, encabezadas por el teniente coronel Aldo Rico acantonado en Campo de Mayo.

Todo el arco político salió a consolidar aquel “Nunca Más” respaldando a Alfonsín. No obstante, con el gobierno entrando en sus últimos años y con una economía convulsionada, los insurrectos arrancaron el primer retazo de impunidad: la Ley de Obediencia Debida, que de todos modos había sido anunciada por el propio presidente el 24 de marzo anterior.

Un año antes, Alfonsín había sancionado la Ley de Punto Final, cerrando el camino judicial contra los dictadores.

En enero de 1988, otra vez Aldo Rico, esta vez en Monte Caseros, Misiones. Y en diciembre, otra rebelión anticonstitucional, comandada por el coronel Mohamed Alí Seineldín, con epicentro en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

La situación general del país se venía deteriorando aceleradamente. La deuda externa seguía creciendo y devorando al PBI, y la conflictividad sindical escaló a niveles inauditos, con 13 huelgas generales, la mayoría hacia el final de su mandato.

Corridas cambiarias, hiperinflación, saqueos, presiones de organismos multilaterales y el poder concentrado que había apoyado a Carlos Menem en su elección presidencial de 1989, terminaron impidiendo que Alfonsín terminara su mandato.

El 30 de mayo el presidente decretó el Estado de Sitio y Toque de Queda, y entregó el gobierno el 8 de julio.

Quedó como legado el Juicio a las Juntas, que si bien no alcanzaron su meta final, fue un hito sin precedentes.

Carlos Menem fue electo el 14 de mayo de 1989 con el 47% de los votos y asumió en julio. Llegó con las consignas del “Salariazo”, de la “Revolución Productiva” y el “Síganme, no los voy a defraudar”. Entre sus primeras medidas se encontró la privatización de Canal 13. “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, sentenciaba el mandamiento del decálogo menemista pronunciado por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, y así fue: durante la década de gobierno menemista, Argentina privatizó y concesionó todos los resortes de la economía.

Se suponía que serviría para desendeudar al país pero terminó en un endeudamiento brutal. Domingo Cavallo implementó la virtual dolarización de la economía con la Ley de Convertibilidad, que sirvió de instrumento para la permanente fuga de capitales, sin restricción.

En el corto plazo, la medida sirvió para terminar con el ciclo hiperinflacionario, pero en el mediano término mostró su auténtico rostro de desocupación, desindustrialización y pobreza, bajo un hiperconsumo de bienes importados por parte de la clase media, que accedía a un dólar barato, subsidiado por la exclusión de aquellos que no tenían trabajo.

En materia de Derechos Humanos, Menem indultó a los genocidas por decreto, en 1989 y 1990, a los carapintadas (tras el cuarto alzamiento, encabezado por Seineldín en diciembre de 1990) y a José Alfredo Martínez de Hoz, padre del neoliberalismo criollo.

La oscuridad de la impunidad ensombrecía al país. La sensación de impunidad se profundizó tras los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).

Menem llegaría a los diez años de mandato gracias al Pacto de Olivos celebrado con Raúl Alfonsín, que permitió la Reforma Constitucional de 1994.

En 1999, Fernando de la Rúa obtuvo la presidencia con el 48.5% de los votos, en alianza con el peronismo enrolado en el Frepaso. Llegó con la promesa de mantener las mismas normas económicas del menemismo pero sin los escándalos de corrupción.

Su primer gabinete estuvo integrado por once ministros de corte neoliberal. Si bien desde 1998 comenzó a debatirse sobre la salida de la convertibilidad, De la Rúa la mantuvo a rajatabla. Los planes de ajuste prosiguieron, cada vez a un costo mayor. Al inicio de su mandato anunció el “Blindaje Financiero” y el “Megacanje” de deuda, que sirvió de fenomenal negocio para la banca extranjera.

Cuando designó a Ricardo López Murhphy en Economía, a pedido del establishment, el ministro impulsó la iniciativa de arancelar la universidad pública, y debió renunciar rápidamente ante las protestas estudiantiles para preservar el derecho a la educación gratuita.

De la Rúa cedió gran parte de la dirección del gobierno en Cavallo, que asumió la cartera con poderes especiales entregados por el Congreso. Se implementó el “corralito”, incautando los ahorros y salarios para sostener a un sistema bancario que fugaba todas las divisas disponibles, y con una conflictividad social permanente: el 25% de la población estaba desocupada, la mitad, en la pobreza.

El gobierno decretó el Estado de Sitio y las protestas masivas que inundaron el Congreso y Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de 2001, al grito de "Que se vayan todos", fueron el epílogo de su gobierno, tras una sangrienta represión que en esos dos días dejó un saldo de 39 muertos en todo el país.

Durante las siguientes dos semanas Argentina tendría otros cuatro presidentes. A la salida de De la Rúa lo sucedió el titular del Senado, Ramón Puerta, quien le entregó el gobierno a Adolfo Rodríguez Saá, que declaró el default y terminó renunciando a la semana desde San Luis, y finalmente Eduardo Camaño, titular de la Cámara de Diputados, que legó el gobierno en el senador Eduardo Duhalde, que había asumido su banca diez días antes que cayera Fernando De la Rúa. Duhalde aplicó una fuerte devaluación que impactó severamente en los precios y salarios, pero significó también un incentivo para la reactivación económica.

El 25 de mayo de 2003 -impulsado por Duhalde- asumió la presidencia Néstor Kirchner. Prácticamente desconocido por el resto del país, ni siquiera había ganado en las presidenciales que lo dejaron segundo, detrás de Menem, para un balotaje que nunca sucedió ya que el ex presidente renunció a participar. Su discurso inaugural fue marcado por dos frases: “Vengo a proponerles un sueño” y “No voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada”.

En Derechos Humanos impulsó la derogación de las leyes de impunidad y los indultos. Los genocidas fueron juzgados y encarcelados en procesos judiciales transparentes. Años más tarde comenzó a llevarse ante la justicia a los responsables e ideólogos civiles, entre ellos, Martínez de Hoz.

De la mano del "trabajo sucio" que hizo Duhalde, Kirchner logró que la economía creciera a un ritmo del 7 por ciento anual, y mantuvo los superávit fiscal y comercial.

En 2005, inició el proceso de renegociación de deuda externa más grande de la historia financiera del mundo.En 2007, Cristina Kirchner ganó las elecciones y mantuvo el rumbo de crecimiento e industrialización.

Una de las medidas de mayor impacto fue terminar con de las AFJP, reestatizando el sistema previsional y disponiendo por ley, dos aumentos jubilatorios por año. Durante sus dos gobiernos, Cristina Kirchner, con aval de su esposo, comenzó a iniciar un proceso de confrontaciones y a mostrar una ambición hegemónica que terminó dividiendo al país, y derivó en la aplicación de un modelo con alta inflación que se fue deteriorando a partir de inconsistencias cada vez mayores.

El gobierno comenzó a manipular las estadísticas para ocultar la inflación, la pobreza y el desempleo. Como parte de esa estrategia, se buscó avanzar sobre la libertad de expresión, y se aplicó la revulsiva lógica de amigo/enemigo para la prensa, y a identificarse con países que cercenan las libertades, como Venezuela.

En octubre de 2011, tras lograr la reelección, Cristina aplicó fuertes restricciones cambiarias y aumentó el intervencionismo estatal, obligadas por una fuga de divisas incontrolables, que deterioró con fuerza los avances económicos.

El 10 de diciembre de 2013, los 30 años de Democracia, se celebran en medio de saqueos y muertos, con una presidenta que gobierna a media máquina tras su compleja operación cerebral y gran incertidumbre sobre cómo hará el gobierno para domar una inflación que se proyecta al 30 por ciento anual, una pobreza que afecta a un cuarto de la población, y tensiones políticas y sociales cada vez más profundas.