Dos represores que cumplían distintas condenas por delitos de lesa humanidad en la provincia de San Juan se fugaron el miércoles cuando habían sido trasladados al Hospital Central de la Ciudad de buenos Aires donde iban a ser atendidos.

Por este hecho, la Justicia ya ordenó su captura y se les prohibió la salida del país y también se inició una investigación interna en el Servicio Penitenciario Federal, a cargo del traslado de los condenados desde la provincia cuyana a la Capital Federal.

El ex mayor Jorge Olivera (foto) y el ex teniente primero Gustavo De Marchi, que cumplían cadena perpetua y 25 años de prisión, respectivamente, habrían escapado cuando eran atendidos en el Hospital Militar Central, situado sobre la calle Luis María Campo, luego de pedir ser asistidos en la Capital por problemas médicos.

El Ministerio de Justicia, que conduce Julio Alak, ya le ordenó al director Nacional del Servicio Penitenciario Federal "el pase a disponibilidad de oficiales y agentes penitenciarios responsables de la división traslados y seguridad".

El comunicado oficial apunta que los represores requirieron ser atendidos en especialidades como "psiquiatría, kinesiología y dermatología". Como en el hospital de San Juan no había especialistas para tratar las molestias, pidieron ser atendidos en Buenos Aires.

Su traslado corrió por cuenta del Servicio Penitenciario Móvil que depende del Ministerio de Seguridad, según se precisó en el Juzgado Federal N°2.

Olivera y De Marchi habían sido condenados hace apenas tres semanas, en un juicio que se desarrolló en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Olivera, que era jefe de inteligencia y, pese a que en ese momento era teniente, integraba la plana mayor del RIM 22, estuvo involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, ocurrida en octubre de 1976

El pasado 4 de julio recibió cadena perpetua al ser considerado coautor responsable de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado por su estado de cargo público y asociación ilícita, entre otros cargos.

De Marchi fue condenado a 25 años de prisión también por violación de domicilio, privación ilegitima de libertad, privación de libertad abusiva e imposición de tormentos, entre otros.

Ambos represores cuando ocurrieron estos hechos eran subtenientes y tenían 22 años, la misma edad, el mismo cargo y en el mismo sector del Ejército del actual jefe de la fuerza, el cuestionado César Milani