Luego de que la presidenta Cristina Fernández amplificó la denuncia contra la entidad de defensa del consumidor ADECUA por presunta connivencia con los bancos en perjuicio de clientes, tres funcionarios supuestamente involucrados fueron echados.

En el Boletín Oficial se publicaron decretos que informan que se "aceptaron" las dimisiones de los abogados Juan de Dios Cincunegui a sus cargos en Aerolíneas Argentinas y como interventor de la empresa Intercargo, y de Luis Romiti como director Nacional de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente.

A ellos se suma Eduardo Baeza, asesor de la senadora Nancy Parrilli, dado de baja de la plantilla del Senado de la Nación.

En tanto, a través de la agencia Télam el gobierno hizo trascender que Osvaldo Riopedre, director ejecutivo de ADECUA, cobró 5 millones de pesos a través del acuerdo que esa ONG suscribió con seis bancos.

Riopedre es un dirigente radical de larga trayectoria en ese centenario partido, con una activa participación en el Comité Capital.

El acuerdo entre ADECUA y los bancos tenía como objetivo interrumpir los juicios colectivos que había iniciado la asociación de defensa del consumidor contra esas empresas.

En los juicios conciliados entre ADECUA y los bancos, actuaron los jueces del fuero comercial Alberto Alemán, Jorge Scioli, Fernando D ´Allesandro, Margarita Braga, Federico Guerri, Sebastián Sánchez Canavó y Héctor Chommer y los Fiscales, Raquel Mercante, María del Carmen Micames y Daniel Constante Moneda.

Según denunciaron clientes de bancos, el resultado de los acuerdos fue que el 99 por ciento de los clientes no pudo recuperar ni un peso de lo que les habían cobrado de más en cargos y seguros, mientras que los bancos se libraron de pagar indemnizaciones por $ 367 millones y los abogados de Adecua cobraron $ 15,6 millones de honorarios, pagados por las entidades financieras.