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Juez de Nueva York insta a la Argentina a pagar
El magistrado Thomas Griesa recomendó pagarle a los grupos NML Capital y Aurelius los u$s 1.400 millones que reclaman. La Argentina seguirá litigando y hasta podría ir a la Corte
10 de noviembre de 2012
La Argentina sufrió un nuevo revés en el juicio que le siguen los fondos especulativos, cuando el juez estadounidense, Thomas Griesa, exhortó hoy al gobierno de Cristina Fernández a cumplir con un reciente fallo que le ordena resarcir a los tenedores de bonos que no participaron en las dos reestructuraciones de deuda del país.
En esta causa deberá decidir antes del 2 de diciembre cómo se efectuará el pago a los fondos buitres.
Ese día, se debe hacer el primero de los tres pagos de deuda en Nueva York pautados para diciembre por más de u$s 3.000 millones. Los fondos buitres, por su parte, sostienen que no tuvieron un trato igualitario y una Corte de Apelaciones ratificó en octubre que el país no puede negarse a cumplir con deudas por haber salido del default.
Griesa advirtió, en respuesta a declaraciones de la presidente Cristina de Kirchner, que "si, y lo enfatizo, hay algún pensamiento de parte de la república de desafiar y evadir el actual fallo, entonces ese pensamiento debe ser seriamente reconsiderado y dejado de lado".
Luego del fallo de la cámara de apelaciones, la mandataria había adelantado que el Gobierno no pagará ni un dólar a los fondos buitre.
Los tenedores de deuda no reestructurada incluyen a Elliott Management Corp, una afiliada a NML Capital Ltd, y a Aurelius Capital Management, que son dueños de deuda impaga por u$s 1.400 millones.
Griesa convocó a una audiencia en los Tribunales de Nueva York donde representantes del 93% de los acreedores que sí ingresaron al canje de bonos también asistieron.
Los tenedores le habían requerido al Poder Judicial su presencia ya que se encuentran "preocupados" porque del resultado de la audiencia podría peligrar el cobro de sus acreencias.
El magistrado debe determinar cómo sería el prorrateo del pago a los fondos buitre y, adicionalmente, si el fallo tiene alcance a los intermediarios, los agentes de pago como el Bank of New York.
Para la Argentina, el fallo de Griesa tiene imposibilidad práctica, debido a que afecta al 93% de los inversores que sí ingresaron al canje del 2005 y 2010, que la Corte de Estados Unidos alentó, como una solución entre el deuda y acreedor, durante estos años.
En esta causa deberá decidir antes del 2 de diciembre cómo se efectuará el pago a los fondos buitres.
Ese día, se debe hacer el primero de los tres pagos de deuda en Nueva York pautados para diciembre por más de u$s 3.000 millones. Los fondos buitres, por su parte, sostienen que no tuvieron un trato igualitario y una Corte de Apelaciones ratificó en octubre que el país no puede negarse a cumplir con deudas por haber salido del default.
Griesa advirtió, en respuesta a declaraciones de la presidente Cristina de Kirchner, que "si, y lo enfatizo, hay algún pensamiento de parte de la república de desafiar y evadir el actual fallo, entonces ese pensamiento debe ser seriamente reconsiderado y dejado de lado".
Luego del fallo de la cámara de apelaciones, la mandataria había adelantado que el Gobierno no pagará ni un dólar a los fondos buitre.
Los tenedores de deuda no reestructurada incluyen a Elliott Management Corp, una afiliada a NML Capital Ltd, y a Aurelius Capital Management, que son dueños de deuda impaga por u$s 1.400 millones.
Griesa convocó a una audiencia en los Tribunales de Nueva York donde representantes del 93% de los acreedores que sí ingresaron al canje de bonos también asistieron.
Los tenedores le habían requerido al Poder Judicial su presencia ya que se encuentran "preocupados" porque del resultado de la audiencia podría peligrar el cobro de sus acreencias.
El magistrado debe determinar cómo sería el prorrateo del pago a los fondos buitre y, adicionalmente, si el fallo tiene alcance a los intermediarios, los agentes de pago como el Bank of New York.
Para la Argentina, el fallo de Griesa tiene imposibilidad práctica, debido a que afecta al 93% de los inversores que sí ingresaron al canje del 2005 y 2010, que la Corte de Estados Unidos alentó, como una solución entre el deuda y acreedor, durante estos años.