El conflicto salarial entre el Gobierno y los gendarmes y prefectos se agravó hoy luego de que los representantes de ambas fuerzas rechazaron de plano la propuesta presentada por funcionarios. "Se nos han reído en la cara", disparó el vocero de Gendarmería, Raúl Mazza, quien fue sancionado disciplinariamente por el Gobierno.

Mazza alertó que como medida de protesta Gendarmería recortará los servicios en un 50%. Mientras tanto, funcionarios del gobierno cristinista responsabilizaron a la cúpula de ambas fuerzas por el conflicto, como si no hubiese un férreo control político ejercido por la Presidenta a través de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien venía apuntando a su par bonaerense, Ricardo Casal, cuando este reclamo la estalló en las narices.

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, aclaró que el es "imposible" para el Estado afrontar el pago de un básico neto de 7.000 pesos como vienen reclamando los gendarmes y prefectos.

"Eso es imposible en ningún área de la administración pública. Lo que estamos haciendo acá no es responder a ningún petitorio", dijo Abal Medina, a pesar de que existirían cientos de cargos políticos por encima de los 7.000 pesos de militantes de La Cámpora en distintas esferas oficiales. "El 60% del personal de Prefectura y Gendarmería tenían sus haberes judicializados" gracias a un "festival de prácticas judiciales en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las Fuerzas", sostuvo Abal Medina.

Admitiendo el descontrol sobre Gendarmería y Prefectura, Abal Medina dijo que "el descalabro que derivó se observa en que el 60% del personal cobraba un salario como producto de una demanda judicial".

Desde la oposición, y también desde sectores sciolistas, se preguntan qué clase de control tiene la Nación sobre las fuerzas de seguridad cuando denuncian un descalabro administrativo luego de que el kirchnerismo lleva casi 10 años en el poder.

En tanto, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, advirtió hoy sobre la "profusión de descuentos" que afrontan los efectivos de Gendarmería y de Prefectura, y denunció que los mismos se realizan en carácter de aportes a mutuales vinculadas con las Fuerzas de Seguridad. “Hay efectivos que quedaron debiéndole al Estado, debiéndole. No sólo no cobraron sino que deben", graficó el ministro, y señaló que en algunos casos la deuda ascendió hasta "2.400 pesos" por lo que "el próximo sueldo va arrancar con una deducción".

Lorenzino indicó que los descuentos son por aportes a "más de 400 entidades" y remarcó que "muchas de ellas están vinculadas a las propias fuerzas" de seguridad.

"Las modalidades presentaban gigantescas deficiencias. Hoy se hizo la denuncia", precisó Abal Medina. Y dijo que “la inmensa mayoría van a ver mejorada su situación”. También, prometió que “garantizamos es que en la próxima liquidación casi todos los haberes estarán normalizados”.