En medio de una fuerte polémica, el cristinismo logró finalmente aprobar la expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), la ex Ciccone que puso en la mira al vicepresidente Amado Boudou, por sospechas de que había colocado al frente de la misma a un testaferro.

La Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la CVS, en una sesión que se extendió por más de nueve horas. El resultado de la votación fue de 145 a favor y 78 en contra, mientras que hubo cuatro abstenciones, del bloque Unidad Popular.

Los votos de la mayoría reunieron al bloque del Frente para la Victoria, los habituales aliados y algunos opositores como Proyecto Sur; y las bancadas que responden a Felipe Solá y a Luis Juez.

Los votos en contra surgieron del arco opositor encabezado por la UCR, el Frente Peronista, el PRO, el Socialismo, el GEN, la Coalición Cívica.

Durante la sesión, que se inició a las 12, el oficialismo respaldó junto a sus tradicionales aliados el proyecto, mientras que la oposición manifestó su rechazo a la propuesta y justificó, por separado, los cinco dictámenes de minoría impulsados por ese sector.

Al defender el proyecto como miembro informante del oficialismo, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, sostuvo que el proyecto "está dentro de los marcos constitucionales y es una actividad excluyente de este Congreso".

El jefe de la bancada cristinista, Agustín Rossi, dijo en el discurso de cierre que el proyecto apunta a "concentrar todas las herramientas que posibilitan la confección de moneda en manos del Estado" y que “esta decisión del Estado, de primero declarar el interés público y luego expropiar, es totalmente acertada, valorada y de total soberanía monetaria". Desde el radicalismo, el diputado Ricardo Alfonsín consideró una "exageración la invocación que hace el oficialismo a la llamada soberanía monetaria".

El titular del bloque socialista Juan Carlos Zabalza, cuestionó la falta de debate y se preguntó: "¿No sería más normal una convocatoria a las diferentes estructuras políticas para poder consensuar y conocer las bases que fundamentan esta decisión?".

En tanto, el presidente del interbloque Frente Peronista, Enrique Thomas fundamentó la negativa de acompañar el proyecto al considerar que la expropiación impulsada por el oficialismo "es un rescate financiero y político".

Desde el PRO, Federico Pinedo dijo que "no estamos comprando máquinas, estamos expropiando una sociedad anónima”.

Entre otras cuestiones, el proyecto, de nueve artículos, establece la expropiación en los términos que fija la Constitución Nacional, con la cotización del Tribunal de Tasación de la Nación.

Además, la norma garantiza que serán mantenidas las fuentes de trabajo y será contemplada la deuda que la Compañía de Valores Sudamericana mantiene con el Estado.