El Senado aprobó hoy con 44 votos a favor y 20 en contra el proyecto de expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone).

La sesión fue encabezada por el vicepresidente Amado Boudou, a pesar de que está en el centro de la escena por presuntamente haber colocado al frente de la compañía a un amigo, por lo que fue blanco de las críticas de la oposición.

Quienes apuntaron al presidente del Senado fueron la catamarqueña del Frente Cívico Blanca Monllau y la radical mendocina Laura Montero, aunque no faltaron alusiones a su vinculación con la causa judicial por las presuntas irregularidades en el levantaminto de la quiebra de la empresa.

Luis Juez fue el único senador del Frente Amplio Prorgesista (FAP) que votó a favor por haber presentado un proyecto similar meses atrás, al igual que los peronistas federales Sonia Escudero y Juan Carlos Romero, que no fueron acompañados por su bloque.

Ahora, la iniciativa deberá ser girada para su tratamiento a la Cámara de Diputados.

El senador Aníbal Fernández culpó a la crisis de la ex Ciccone a los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde por el supuesto "desmantelamiento" de el empresa que fabrica el papel moneda en una defensa del proyecto de ley de expropiación que impulsa el gobierno.

Fernández fue el miembro informante del Frente para la Victoria en el inicio del debate en la Cámara alta y que es presidida por el titular de la cámara , Amadou Boudou, sospechado de tener relación con esta empresa , hoy cuestionada.

En parte de su exposición, el ex jefe de Gabinete, también apuntó grados de responsabilidad sobre el ex titular del Banco Central Martín Redrado.

A su turno, el radical Ernesto Sanz (Mendoza) advirtió sobre la posibilidad de que el Gobierno "utilice" la expropiación para proteger a Boudou y para dificultar la investigación judicial.

"Es tan viejo como la política que la mejor manera de esconder a un elefante es inventando una manada de elefantes", graficó.

Por su parte, el peronista disidente salteño, Juan Carlos Romero, anunció su apoyo a la expropiación, en virtud de que meses atrás había presentado un proyecto similar al que remitió el Gobierno.

"A partir de su aprobación esta ley termina con una relación de sospecha permanente en una actividad esencial del Estado como la de imprimir billetes", dijo.

Jaime Linares (FAP-Buenos Aires), en tanto, cuestionó el apuro oficialista por sancionar la ley.

"Estamos hablando de un tiempo récord. El tema merecía un tratamiento mayor a 36 horas, sobre todo teniendo en cuenta el contexto judicial. El apuro no tiene sentido y viola las normas que establece la ley de expropiaciones para este tipo de procedimientos", disparó.