El juez federal Daniel Rafecas dispuso esta noche la elevación a juicio oral de la causa por el presunto pago de coimas a senadores para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral.

La decisión alcanza al expediente que investiga a los ex senadores justicialistas Emilio Cantarero, Alberto Tell, Augusto Alasino, Ricardo Branda y Remo Costanzo, así como al radical José Genoud. También abarca al arrepentido Mario Pontaquarto, así como al ex titular de la SIDE Fernando de Santibáñez y al ex ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique. Todos están procesados por el delito de cohecho.

Si bien el "auto de elevación a juicio" no es apelable, las defensas podrían interponer nulidades y otros planteos -se estima que lo harán-, lo que haría necesaria una nueva intervención de la Cámara Federal, motivo por el cual se calcula que no sería inminente la efectiva realización del juicio oral.

En su resolución, de más de 70 carillas, el juez analizó pormenorizadamente la situación de los tres ex funcionarios y seis ex senadores a los que oportunamente procesó por el pago y el cobro de las coimas, en una medida luego confirmada por la Cámara Federal.

En otro segmento del expediente -donde el imputado es el ex presidente Fernando de la Rúa- el juez está abocado a la realización de una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa del ex Jefe del Estado en forma previa a resolver su situación procesal, es decir si también lo procesa, lo sobresee o dicta su "falta de mérito".

El juez señaló que el fiscal Federico Delgado imputó a De Santibáñez, Flamarique, Genoud y Pontaquarto "haber ofrecido el pago de una suma de dinero para que funcionarios públicos hagan algo relativo a sus funciones" y que ese ofrecimiento estuvo dirigido, en concreto, a Cantarero, Alasino, Costanzo, Tell y Branda.

De acuerdo a la acusación del fiscal, los entonces senadores justicialistas "recibieron la suma total de cuatro millones trescientos mil pesos para que a través de su apoyo se lograra la sanción del proyecto de Ley que resultó aprobado por la Cámara alta el 26 de abril de 2000", en tanto a Genoud se le dieron los 700.000 pesos "remanente del dinero entregado a Cantarero el día anterior".

El juez recordó que el expediente lleva más de seis años de trámite y analizó minuciosamente todas las pruebas reunidas hasta el momento (testimoniales, periciales, documentales) y los argumentos acusatorios de Delgado, del titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, y del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quienes actúan como querellantes.

"Un párrafo aparte merece dejarse a salvo la sospecha de que en este encuentro hubiera participado el entonces Presidente ya que este extremo se encuentra pendiente de esclarecimiento en el marco de conocimiento dado por las actuaciones que prosiguen instruyéndose ante este Juzgado respecto del nombrado, actualmente indagado", explicó el magistrado.

El fiscal estima -recordó el juez- que se podrá demostrar, en el juicio oral, que en esta misma fecha Genoud y De Santibañes acordaron la entrega de dinero que se efectuaría a Pontaquarto en la SIDE "considerando que fue éste el contenido de la conversación telefónica que habrían mantenido ese día, conforme los listados telefónicos incorporados a la causa".

El magistrado concluyó que "los puntos de discrepancia que se hayan suscitado entre la acusación y la defensa, han de encontrar un ámbito propicio para su definitivo esclarecimiento, en el marco de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad, propio de la próxima etapa del proceso".