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Advierten sobre un colapso previsional a futuro
Según IDESA, es porque la deuda no registrada de la ANSeS está creciendo a pasos agigantados, y aumentará aún más con los cambios en el régimen de AFJP
29 de enero de 2007
La consultora IDESA, que lidera el ex cavallista Osvaldo Giordano, encendió una luz de alerta al señalar que "la deuda no registrada de la anses aumentó en $ 66.000 millones".
Las moratorias previsionales que otorgan jubilaciones a personas que no hicieron aportes implican un incremento importante de los compromisos futuros del Estado. Se trata de una deuda no registrada pero plenamente exigible para la cual no existe previsión explicita de recursos.
En este contexto, inducir a que los trabajadores pasen al régimen de reparto producirá un alivio en la “caja” de ANSES.
Pero cuando estas personas se jubilen no habrá recursos para pagar sus prestaciones. El Congreso puede convalidar este acto de oportunismo político o legislar con responsabilidad resolviendo los problemas presentes y también los futuros.
La caída en la cobertura del sistema previsional, la insolvencia del régimen público de reparto y los altos costos de las AFJP son los principales problemas estructurales que sufre el sistema previsional argentino. Con las moratorias previsionales destinadas a otorgar jubilaciones a quiénes no hicieron aportes se atacó el primer problema de una manera muy rudimentaria.
Por un lado, se han generado graves inequidades porque mucha gente de altos ingresos aprovecha de este beneficio sin haber hecho aportes, mientras que familias humildes no acceden por falta de información y recursos. Por otro lado, se ha creado un importante incremento futuro de gasto público sin contemplar su financiamiento.
No se dispone de información oficial para calcular el impacto financiero de esta medida.
Seguramente se incorporarán bastante más de un millón de nuevos jubilados, una vez que la ANSES descongestione la acumulación de trámites. Si se supone que un millón de personas van a cobrar la jubilación mínima con su correspondiente cobertura de PAMI y asignaciones familiares, las cifras aproximadas serían las siguientes:
· En los primeros 5 años, el gasto público anual se incrementaría en $ 4.900 millones.
· En los años posteriores, cuando los nuevos jubilados dejen de pagar la moratoria, el gasto público adicional llegará a los $ 8.400 millones por año.
· En el acumulado, el régimen público de reparto (la ANSES) esta asumiendo compromisos futuros del orden de los $66 mil millones anuales.
Frente a este complejo panorama financiero, inducir a que los trabajadores activos opten por el régimen de reparto es un paliativo para el corto plazo. Transitoriamente, la “caja” de ANSES mejora porque se apropia de los aportes de estos trabajadores. Sin embargo, como contracara, se generan derechos a cobrar jubilaciones para las que no se hacen reservas financieras.
En otras palabras, se resuelven los problemas presentes, a costa de complicar aun más el futuro. Mientras tanto, el sistema público sigue acumulando incumplimientos.
Por ejemplo, el ajuste del 13% incluido en la Ley de Presupuesto del 2007 para muchos jubilados es visiblemente insuficiente frente a una inflación acumulada del 90%. Con lo cual es muy probable que la Corte Suprema dictamine que se viola la movilidad prevista en la Constitución Nacional y, así, se multipliquen los juicios contra el Estado.
La historia previsional argentina esta cargada de acciones oportunistas. Se prometen beneficios sin contemplar los recursos para sostenerlos en el tiempo. Este es uno de los principales factores que luego desencadena litigiosidad masiva y finalmente desemboca en la insolvencia estructural del sistema.
Por eso, es extremadamente importante que en esta ocasión el Congreso no se sume al oportunismo de poner “parches” a los problemas del presente desentendiéndose de las consecuencias que esto tiene para el futuro.
En un esquema justo y sustentable, el sistema público debería concentrarse exclusivamente en la solidaridad hacia las personas de más bajos recursos.
Es decir, definir como prioridad absoluta garantizar un nivel de bienestar básico a quienes no tuvieron capacidad de ahorro durante su vida activa. En lugar de seguir usando los fondos públicos para alimentar los mecanismos que, en la mayoría de los casos, benefician a gestores, intermediarios o jubilaciones de privilegio, fijar una única prestación de carácter universal al que acceden todas las personas mayores de edad que no cuenten con otra fuente de ingresos. No hay solidaridad sin sustentabilidad financiera; y esto sólo es posible si ANSES deja de dilapidar recursos.
Para quienes tienen capacidad de ahorro el régimen de capitalización individual es la mejor alternativa, en la medida en que se genere una competencia intensa y transparente entre las administradoras. Fijar un tope a las comisiones o hacer “competir” a las AFJP con la ANSES no aporta soluciones.
El paso relevante es generar reglas que induzcan a que las AFJP compitan entre ellas. Por ejemplo, una reforma efectivamente comprometida con los intereses de los beneficiarios seria establecer que las AFJP garanticen una rentabilidad mínima sobre el capital acumulado y sólo cobren comisiones sobre la rentabilidad adicional que generen respecto de dicho mínimo. Esto significaría remunerar a las administradoras en función de resultados efectivamente obtenidos, y no como ocurre en la actualidad que los afiliados pagan comisiones por adelantado e independientemente del resultado que se obtenga.
Fuente: IDESA
Las moratorias previsionales que otorgan jubilaciones a personas que no hicieron aportes implican un incremento importante de los compromisos futuros del Estado. Se trata de una deuda no registrada pero plenamente exigible para la cual no existe previsión explicita de recursos.
En este contexto, inducir a que los trabajadores pasen al régimen de reparto producirá un alivio en la “caja” de ANSES.
Pero cuando estas personas se jubilen no habrá recursos para pagar sus prestaciones. El Congreso puede convalidar este acto de oportunismo político o legislar con responsabilidad resolviendo los problemas presentes y también los futuros.
La caída en la cobertura del sistema previsional, la insolvencia del régimen público de reparto y los altos costos de las AFJP son los principales problemas estructurales que sufre el sistema previsional argentino. Con las moratorias previsionales destinadas a otorgar jubilaciones a quiénes no hicieron aportes se atacó el primer problema de una manera muy rudimentaria.
Por un lado, se han generado graves inequidades porque mucha gente de altos ingresos aprovecha de este beneficio sin haber hecho aportes, mientras que familias humildes no acceden por falta de información y recursos. Por otro lado, se ha creado un importante incremento futuro de gasto público sin contemplar su financiamiento.
No se dispone de información oficial para calcular el impacto financiero de esta medida.
Seguramente se incorporarán bastante más de un millón de nuevos jubilados, una vez que la ANSES descongestione la acumulación de trámites. Si se supone que un millón de personas van a cobrar la jubilación mínima con su correspondiente cobertura de PAMI y asignaciones familiares, las cifras aproximadas serían las siguientes:
· En los primeros 5 años, el gasto público anual se incrementaría en $ 4.900 millones.
· En los años posteriores, cuando los nuevos jubilados dejen de pagar la moratoria, el gasto público adicional llegará a los $ 8.400 millones por año.
· En el acumulado, el régimen público de reparto (la ANSES) esta asumiendo compromisos futuros del orden de los $66 mil millones anuales.
Frente a este complejo panorama financiero, inducir a que los trabajadores activos opten por el régimen de reparto es un paliativo para el corto plazo. Transitoriamente, la “caja” de ANSES mejora porque se apropia de los aportes de estos trabajadores. Sin embargo, como contracara, se generan derechos a cobrar jubilaciones para las que no se hacen reservas financieras.
En otras palabras, se resuelven los problemas presentes, a costa de complicar aun más el futuro. Mientras tanto, el sistema público sigue acumulando incumplimientos.
Por ejemplo, el ajuste del 13% incluido en la Ley de Presupuesto del 2007 para muchos jubilados es visiblemente insuficiente frente a una inflación acumulada del 90%. Con lo cual es muy probable que la Corte Suprema dictamine que se viola la movilidad prevista en la Constitución Nacional y, así, se multipliquen los juicios contra el Estado.
La historia previsional argentina esta cargada de acciones oportunistas. Se prometen beneficios sin contemplar los recursos para sostenerlos en el tiempo. Este es uno de los principales factores que luego desencadena litigiosidad masiva y finalmente desemboca en la insolvencia estructural del sistema.
Por eso, es extremadamente importante que en esta ocasión el Congreso no se sume al oportunismo de poner “parches” a los problemas del presente desentendiéndose de las consecuencias que esto tiene para el futuro.
En un esquema justo y sustentable, el sistema público debería concentrarse exclusivamente en la solidaridad hacia las personas de más bajos recursos.
Es decir, definir como prioridad absoluta garantizar un nivel de bienestar básico a quienes no tuvieron capacidad de ahorro durante su vida activa. En lugar de seguir usando los fondos públicos para alimentar los mecanismos que, en la mayoría de los casos, benefician a gestores, intermediarios o jubilaciones de privilegio, fijar una única prestación de carácter universal al que acceden todas las personas mayores de edad que no cuenten con otra fuente de ingresos. No hay solidaridad sin sustentabilidad financiera; y esto sólo es posible si ANSES deja de dilapidar recursos.
Para quienes tienen capacidad de ahorro el régimen de capitalización individual es la mejor alternativa, en la medida en que se genere una competencia intensa y transparente entre las administradoras. Fijar un tope a las comisiones o hacer “competir” a las AFJP con la ANSES no aporta soluciones.
El paso relevante es generar reglas que induzcan a que las AFJP compitan entre ellas. Por ejemplo, una reforma efectivamente comprometida con los intereses de los beneficiarios seria establecer que las AFJP garanticen una rentabilidad mínima sobre el capital acumulado y sólo cobren comisiones sobre la rentabilidad adicional que generen respecto de dicho mínimo. Esto significaría remunerar a las administradoras en función de resultados efectivamente obtenidos, y no como ocurre en la actualidad que los afiliados pagan comisiones por adelantado e independientemente del resultado que se obtenga.
Fuente: IDESA