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Fiscal se distancia de una denuncia de Schoklender
Afirma que Schoklender no dio pruebas de que hubieran pagado gastos de campañas kirchneristas. Polémica con los fondos públicos en la campaña electoral
17 de septiembre de 2011
No hay evidencia de que con el dinero de las Madres de Plaza de Mayo se hayan pagado campañas electorales., a esta conclusión llegó el fiscal federal Jorge Di Lello después de analizar la documentación que Sergio Schoklender entregó al juez Norberto Oyarbide.
Esto sucedió cuando denunció que la agrupación de derechos humanos había financiado afiches para la presidenta Cristina Kirchner; el candidato a vicepresidente, Amado Boudou, y el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, por 1.500.000 pesos. Di Lello tiene listo un dictamen en el que desestima investigar la pista de un delito electoral. Sostiene que no hay indicios de que se hubieran hecho en la imprenta de las Madres trabajos para campañas electorales, entendidos de manera estricta según la ley electoral.
En cambio, el fiscal requerirá al juez medidas de prueba para determinar si algunas impresiones de carácter político que allí se hicieron se pagaron con fondos públicos, provenientes del plan de viviendas sociales.
En la Justicia hay constancias de que en la imprenta de la fundación se hicieron afiches para Fatala con la promoción de un libro y de acciones políticas, como charlas, debates y actos de homenaje a la memoria de Néstor Kirchner.
Uno de los papeles extraídos de la caja fuerte de Schoklender contiene el detalle de los trabajos efectuados para Fatala durante 2009, 2010 y 2011, que suman 401.734 pesos. Se desconoce si los pagó o si fueron de regalo.
Schoklender había asegurado ante los periodistas y los legisladores que las Madres financiaron campañas políticas con la caja de la fundación, que -según él- tenía un descubierto para campañas.
Afirmó que había una "caja negra" de donde salía dinero para pagar afiches, "sobresueldos" a funcionarios y actividades políticas, como por ejemplo de la agrupación Las Cristinas, impulsada por Hebe de Bonafini .
Di Lello, en su doble rol de fiscal electoral y fiscal del caso Schoklender, entendió que no entregó en la Justicia evidencias sólidas de financiamiento ilegal de campañas.
En cambio, si se determinara que el Estado solventó esos gastos -cuestión harto dificultosa de probar-, se estaría frente a un fraude cometido por la fundación.
Esto sucedió cuando denunció que la agrupación de derechos humanos había financiado afiches para la presidenta Cristina Kirchner; el candidato a vicepresidente, Amado Boudou, y el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, por 1.500.000 pesos. Di Lello tiene listo un dictamen en el que desestima investigar la pista de un delito electoral. Sostiene que no hay indicios de que se hubieran hecho en la imprenta de las Madres trabajos para campañas electorales, entendidos de manera estricta según la ley electoral.
En cambio, el fiscal requerirá al juez medidas de prueba para determinar si algunas impresiones de carácter político que allí se hicieron se pagaron con fondos públicos, provenientes del plan de viviendas sociales.
En la Justicia hay constancias de que en la imprenta de la fundación se hicieron afiches para Fatala con la promoción de un libro y de acciones políticas, como charlas, debates y actos de homenaje a la memoria de Néstor Kirchner.
Uno de los papeles extraídos de la caja fuerte de Schoklender contiene el detalle de los trabajos efectuados para Fatala durante 2009, 2010 y 2011, que suman 401.734 pesos. Se desconoce si los pagó o si fueron de regalo.
Schoklender había asegurado ante los periodistas y los legisladores que las Madres financiaron campañas políticas con la caja de la fundación, que -según él- tenía un descubierto para campañas.
Afirmó que había una "caja negra" de donde salía dinero para pagar afiches, "sobresueldos" a funcionarios y actividades políticas, como por ejemplo de la agrupación Las Cristinas, impulsada por Hebe de Bonafini .
Di Lello, en su doble rol de fiscal electoral y fiscal del caso Schoklender, entendió que no entregó en la Justicia evidencias sólidas de financiamiento ilegal de campañas.
En cambio, si se determinara que el Estado solventó esos gastos -cuestión harto dificultosa de probar-, se estaría frente a un fraude cometido por la fundación.