“Si la muerte está, hay que dejarla acontecer”, clama desesperada la mujer, quien entiende que ésa es la única alternativa para que su beba alcance la tranquilidad. Los médicos se niegan a desconectarla del respirador

El calvario de Selva Herbón, la mamá de Camila, comenzó en la propia instancia del parto. Por un problema durante el momento de su nacimiento, a la beba le faltó oxígeno y tuvo un paro cardiorrespiratorio, del que logró sobrevivir tras 20 minutos de maniobras de reanimación.

Pasaron dos años y Camila pudo crecer pero “ajena a la vida”, sin conciencia, según resume su madre. En diálogo con Clarín, Selva describió el "infierno" en el que quedó inmobilizada su hija y pide, casi al grito, ayuda.

Según afirma, Camila “no oye, no ve, no habla, no siente nada, no se mueve. No tiene conciencia de su existencia”. En estos 24 meses desde su nacimiento “no hay ninguna mejoría, ni la más mínima”.

Permanece diariamente en la cuna de un hospital, sin poder moverse por su proia cuenta, sin poder gesticular, hablar, sin poder hacer nada. Tanto Selva como su esposo sólo encuentran como solución que su hija pueda tener “una muerte digna”, de la que no existe legislación en la Argentina.

Tres comités de ética entienden que su estado es “irreversible”. Pero los médicos que atienden a la pequeña no se animan a actuar por miedo a recibir una demanda. “Necesitamos una ley de muerte digna”, reclama la mamá.

“Según tratados internacionales, los padres tienen autoridad para decidir sobre la vida de sus hijos. En términos morales, tienen derecho a pedir que se acabe con su vida, pero en términos jurídicos en este país no se puede”, señaló a Clarín Beatriz Firmenich, coordinadora del Comité de Bioética del Incucai.

Ese comité, al igual que el de la Fundación Favaloro y el del Centro Gallego -donde pasa sus días Camila- recomendó la “limitación del esfuerzo terapéutico”.

Juan Carlos Tealdi, asesor en bioética de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también consideró que el estado de la beba es “irreversible”.

Según dijo, “ya pasó más de un año recibiendo todos los tratamientos disponibles y no hay posibilidad de recuperar su conciencia. Sólo queda que la familia acuerde con lo médicos. Y eso está avalado por consensos internacionales. Pero los médicos judicializan situaciones que no deberían, por miedo a ser demandados”.

Muy distanta es la opinión de Carlos Pineda, director del Departamento de Bioética de la Universidad Austral, entrevistado por el matutino. Para el especialista, “la familia de Camila no la considera un ser humano y por eso pide que se la mate, como a los animales, que se los sacrifica”. Y remarca: “En el juramento hipocrático los médicos juran defender la vida. Siempre hay que acompañar al paciente hasta que se muera naturalmente”.

Historias como las de Camila lamentablemente no son las únicas en el país. Sin embargo, prima el vacío legal y las familias quedan supeditadas a la buena voluntad de un médico que se arriesgue a aceptar su pedido.

En la Legislatura porteña hay cuatro proyectos de muerte digna, mientras que en la Cámara baja del Congreso de la Nación se presentaron dos iniciativas y en el Senado yace otra encajonada.