La determinación de si los hijos adoptivos de la dueña de Clarín descienden de desaparecidos arrojó hoy datos claves, luego de que el cotejo de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera con las muestras biológicas de personas desaparecidas entre 1975 y 1976 resultó ser negativo, tras haberse cumplido la instrucción de la jueza Sandra Arroyo Salgado derivada del pedido de los hermanos de hacer la comparación contra todo el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

"Devuelvan a los nietos", fue la chicana con la cual el kirchnerismo buscó esmerilar al que considera su "enemigo número uno", el Grupo Clarín.

Fuentes judiciales confirmaron que los hijos de la directora de Clarín tampoco son hijos de desaparecidos en esos años, tras haberse descartado el lunes pasado su parentesco con los querellantes, las familias Lanuscou-Miranda y Gualdero-García.

El segundo cotejo se realizó especialmente con las familias que denunciaron desapariciones en esos años, ya que según las actas de adopción, Marcela nació en marzo de 1976 y Felipe en abril del mismo año.

La Justicia le otorgó la guarda de Marcela a la directora de Clarín el 14 de mayo de 1976, mientras que la de Felipe tiene fecha del 7 de julio de ese año.

El 17 de junio, los hermanos solicitaron que el cotejo se hiciera con todo el BNDG y ese día, Marcela y Felipe dijeron que no iban a apelar ante la Corte Suprema y ofrecieron el nuevo análisis para "poner fin a la inédita persecución que tanto ellos como su madre vienen sufriendo desde hace 10 años".

Así, el 24 de junio, los hermanos fueron al Hospital Durand y allí entregaron por cuarta vez muestras de sangre y saliva para que se hicieran los estudios. En 2001, la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo había denunciado a la dueña del Grupo Clarín por "supresión de identidad y presunta falsedad de datos filiatorios" de sus hijos adoptivos Marcela y Felipe.

En diciembre de 2002, el entonces juez federal Roberto Marquevich ordenó la detención de la misma para indagarla por "uso de de documento público falso", pero la Cámara Federal de San Martín ordenó su inmediata libertad y apartó al magistrado de la causa.

El caso pasó a manos del juez Conrado Bergesio, quien sobreseyó a la empresaria, pero siguió la investigación en torno a la identidad de sus hijos adoptivos. En 2003, Marcela y Felipe aceptaron dar sus muestras genéticas, pero la causa quedó paralizada durante cinco años, hasta que la Cámara de San Martín finalmente ordenó en 2009 al juez Bergesio realizar los cotejos. Desde entonces, los abogados de los Noble Herrera y de los querellantes mantuvieron una contienda legal sobre cuáles eran las muestras que debían cotejarse: si con las familias directamente interesadas, como decían los jóvenes o con todos los registros del BNDG, como reclamaban los impulsores de la denuncia.

Tras una larga batalla legal, a principio de junio último, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la extracción de sangre de los jóvenes, pero limitó la comparación de los ADN con los registros de familiares de desaparecidos hasta el 13 de mayo de 1976, en el caso de Marcela y hasta el 7 de julio del mismo año, en el de Felipe. Luego, el fiscal Raúl Pleé y las Abuelas de Plaza de Mayo apelaron a la Corte Suprema de Justicia para que el cotejo se hiciera con todas las muestras del BNDG, pero no fue necesario seguir litigando: Marcela y Felipe decidieron no apelar para "no prolongar más" el trámite y allanarse a una comparación con todos los registros genéticos.