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Schoklender canjeó 50 millones de pesos en mesas de dinero
Aseguran que lo hacía para obtener efectivo. Depositaba cheques de la constructora Meldorek y los cambiaba por billetes de baja denominación. ¿Lavado de dinero?
11 de junio de 2011
La Justicia intenta reconstruir la ruta de casi 50 millones de pesos en cheques de la empresa Meldorek que Sergio Schoklender o personas vinculadas con él depositaron en dos financieras y luego fueron cobrados en efectivo, informó Clarín.
A los investigadores les llama la atención que Schoklender o sus colaboradores cambiaban los cheques en la agencia de cambios Trade Travel y la financiera Monetización S.A. vinculada con José Fernando Caparrós Gómez y después se llevaban biletes de baja denominación.
Un gerente de Caparrós Gomez, Daniel Laureti, preside Monetización S.A. y dirigió Meldorek hasta que fue comprada, en el 2010, por Schoklender.
Caparrós es, además, titular de Valores negociables S.A y en esa sociedad también aparece Jorge Fidalgo. Fidalgo es el titular de Créditos Sur Cooperativa de Vivienda. En esa “cooperativa”, cambiaron cheques el asesinado empresario Sebastián Forza en el Triple Crimen de General Rodríguez y Néstor Lorenzo, el principal acusado de la mafia de los medicamentos .
Aquellos cheques emitidos de Meldorek estaban en una caja de seguridad secuestrada en las oficinas de Meldorek, ubicadas en Alvarez Thomas 198, por efectivos de la Unidad Técnica de Investigación del delito que coordina el comisario Néstor Roncaglia.
Los cheques están siendo investigados por el juez federal Norberto Oyarbide -quien denunció que fue amenazado de muerte y el fiscales Jorge Di Lello. Con cuenta gotas le pasaron algunos al fiscal antilavado Raúl Pleé, que colabora con la investigación.
Schoklender dijo que cambiaba cheques por efectivo “para pagar sueldos a trabajadores de, por ejemplo, nuestras obras cerca del Impenetrable” en el Chaco.
Sin embargo, para los investigadores se trata de sumas superiores al pago de nóminas salariales, en una causa en que se investiga los delitos de lavado de dinero y fraude al Estado.
Entre el 2005 y este año, el Gobierno le dio a Schoklender, a través de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, 765 millones de pesos con los cuales se contrataron obras sin licitación pública y sin controles como los de la SIGEN y la Auditoría General de la Nación.
A los investigadores les llama la atención que Schoklender o sus colaboradores cambiaban los cheques en la agencia de cambios Trade Travel y la financiera Monetización S.A. vinculada con José Fernando Caparrós Gómez y después se llevaban biletes de baja denominación.
Un gerente de Caparrós Gomez, Daniel Laureti, preside Monetización S.A. y dirigió Meldorek hasta que fue comprada, en el 2010, por Schoklender.
Caparrós es, además, titular de Valores negociables S.A y en esa sociedad también aparece Jorge Fidalgo. Fidalgo es el titular de Créditos Sur Cooperativa de Vivienda. En esa “cooperativa”, cambiaron cheques el asesinado empresario Sebastián Forza en el Triple Crimen de General Rodríguez y Néstor Lorenzo, el principal acusado de la mafia de los medicamentos .
Aquellos cheques emitidos de Meldorek estaban en una caja de seguridad secuestrada en las oficinas de Meldorek, ubicadas en Alvarez Thomas 198, por efectivos de la Unidad Técnica de Investigación del delito que coordina el comisario Néstor Roncaglia.
Los cheques están siendo investigados por el juez federal Norberto Oyarbide -quien denunció que fue amenazado de muerte y el fiscales Jorge Di Lello. Con cuenta gotas le pasaron algunos al fiscal antilavado Raúl Pleé, que colabora con la investigación.
Schoklender dijo que cambiaba cheques por efectivo “para pagar sueldos a trabajadores de, por ejemplo, nuestras obras cerca del Impenetrable” en el Chaco.
Sin embargo, para los investigadores se trata de sumas superiores al pago de nóminas salariales, en una causa en que se investiga los delitos de lavado de dinero y fraude al Estado.
Entre el 2005 y este año, el Gobierno le dio a Schoklender, a través de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, 765 millones de pesos con los cuales se contrataron obras sin licitación pública y sin controles como los de la SIGEN y la Auditoría General de la Nación.