Referentes de la oposición en la Cámara de Diputados hicieron un reclamo formal al Gobierno para que dé explicaciones sobre los fondos transferidos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo: pidieron que la Jefatura de Gabinete explique cuánto dinero se le otorgó para la construcción de viviendas, qué controles se ejercieron y con qué fundamentos se resolvió adjudicarle las obras a la Fundación, muchas veces, sin licitación previa.

Según supo el diario La Nación, este pedido de informes fue la primera reacción formal de la oposición ante el escándalo que generó la salida de Sergio Schoklender de la organización. Desde entonces, no sólo salieron a la luz sospechas sobre sus negocios personales; también, sobre el manejo que hizo la Fundación de los fondos (estimados en 300 millones de dólares) que el Estado le pagó por las viviendas.

El pedido fue firmado por los radicales Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra y María Luisa Storani; Margarita Stolbizer y Gerardo Milman (GEN), Lisandro Viale (Socialismo), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) y Paula Bertol (Pro). Ellos reclamaron además que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) remita al Congreso una copia certificada de todos los informes de auditoría sobre la asignación y el control de los fondos que recibió la Fundación.

La oposición cuestiona el silencio del Gobierno y objeta que, pese a las denuncias de sobreprecios y la falta de controles, se haya negado a dar detalles de las contrataciones.

En 2009, las casas construidas por la fundación que preside Hebe Bonafini fueron las más caras de las auditadas por el Instituto de Vivienda bonaerense, según informó ayer el diputado Ferrari. Costaron, en promedio, el doble (ver aparte). Por eso, Ferrari y Gil Lavedra presentaron otro proyecto de pedido de informes; en este caso, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que den un detalle de los costos de las obras.

Según declaró Schoklender, las denuncias son infundadas. "La Fundación nunca cobró más por el metro cuadrado de construcción de lo que se paga a las empresas del Plan Federal de Vivienda", afirmó.

El caso ya llegó a la Justicia. Un abogado particular presentó una denuncia penal contra Bonafini; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Basado en la información periodística, solicitó que se determinara si es cierto que hubo sobreprecios y se investigara con qué fundamento legal se otorgaron las obras.

La denuncia fue sorteada y le tocó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Fuentes judiciales informaron a La Nacion que hoy se la remitirá al fiscal Miguel Angel Osorio para que dictamine si existen posibles delitos por investigar. Según el denunciante, se trata de un caso de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La oposición pretende también que la Auditoría General de la Nación (AGN) investigue las obras de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, el radical Heriberto Martínez, pidió que se incorporara en el Programa de Acción Anual 2011 de la AGN la fiscalización de estas obras.