Nueve de cada diez pasajeros que viajan en subte reciben un subsidio que en realidad están en condiciones de pagar. El Gobierno le paga a Metrovias más de 3,5 pesos por cada persona que compra un pasaje de subte y durante este año girará más de 12 mil millones para subsidiar el transporte público. La mayoría de los beneficiarios son personas que viven en Capital Federal, donde residen los sectores de mayor poder adquisitivo del país.

Según pudo saber el diario Clarín, el 89% de las personas que viajan en subte y pagan 1,10 pesos por cada pasaje, en realidad no necesiten tener la tarifa subsidiada, sostiene un informe que publicó la Fundación Pensar. Lo mismo sucede con otros medios de transporte. Según la publicación, el 75% de las personas que viajan en colectivos subsidiados están en condiciones de afrontar una tarifa mayor, mientras que en el tren la cifra desciende al 71%.

La consultora EGES calculó durante el año pasado que el Gobierno le paga a Metrovias y a las empresas ferroviarias un promedio de 3,69 pesos por cada pasaje vendido. Y que a las compañías de colectivos les transfiere 2,72 pesos por cada uno.

"La situación denota una marcada falla del sistema como instrumento de redistribución: se benefician aquellos con mayor capacidad de pago", sostiene el informe del think tank que responde a Mauricio Macri y que se puede consultar en el sitio www.fundacionpensar.org.

La contrapartida de estos sectores que reciben tarifas subsidiadas es la existencia de amplios sectores de la sociedad que tienen dificultades para pagarse el transporte público. Por ejemplo, un boleto de colectivo o de tren en el interior puede costar entre dos o tres veces más que en Capital Federal.

El Gobierno comenzó a subsidiar el transporte después de la crisis de 2001 para combatir el aumento de precios y evitar que se deterioren los salarios de los trabajadores. En 2002 transfirió 1.839 millones de pesos para subsidiarlo y durante este año girará en torno a los 12.153 millones, según estimaciones de la consultora Analytica.

"Si bien los primeros años que siguieron a la explosión de la convertibilidad, en medio de una de las mayores crisis económicas, con un desempleo superior a 20%, y niveles de pobreza mayores al 50%, dicha política fue necesaria para contener fuertes presiones inflacionarias y evitar un mayor deterioro en el poder adquisitivo, posteriormente, ya con la economía en franca recuperación, fue perdiendo paulatinamente sentido", manifestó en un informe la consultora dirigida por Ricardo Delgado, Analytica.

El informe de la Fundación Pensar también destaca la poca trasparencia que tiene el esquema actual. Las compañías de colectivos reportan la cantidad de pasajeros que trasladaron en sus declaraciones juradas y a partir de ahí se establece cuánto cobrarán en concepto de subsidios. "Existen grandes incentivos a reportar falsos resultados y así también a oponerse a la implementación de mecanismos de transparencia como la tarjeta SUBE", sostiene la Fundación.

Una de las alternativas que tiene el Gobierno para evitar subsidiar a los sectores que no lo necesitan es comenzar a realizar políticas basadas en los usuarios y no en las empresas. Por ejemplo, podría aprovechar la tarjeta SUBE para identificar a los sectores más vulnerables y otorgarles una tarjeta especial para que paguen una menor tarifa en el transporte público.