Con un aumento del 15% del presupuesto destinado a la ayuda social y una distribución arbitraria, el uso clientelar de estos planes, que superan los $ 227.000 millones, volverá a estar en la agenda de un año electoral, en un escenario que todavía no dejó atrás la pobreza.

Si bien desde que Cristina Kirchner llegó al gobierno, en 2007, el gasto para servicios sociales creció 2,5 veces, el aumento no se condice con las cifras de pobreza e indigencia que dan las consultoras privadas y las oficinas de estadísticas provinciales, según las cuales la cantidad de pobres es hoy igual a 2007: se mantuvo en un 30% y está muy lejos de haberse reducido al 9,9%, como dice el Indec.

Los datos surgen de un trabajo de investigación sobre las partidas sociales que realizó la Fundación Siena, según el cual el Gobierno pasó de manejar $ 85.397 millones en 2007 a los actuales $ 227.478 millones que ofrecen las proyecciones de este año.

Al parecer, la inflación y un reparto discrecional en las partidas influyeron significativamente en el estancamiento de estos niveles de pobreza.

El estudio al que accedió el diario La Nación toma como gastos de servicios sociales de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Educación, Salud y Ciencia. También evalúa programas de vivienda y agua potable que apuntaron a mejorar el nivel de vida de los argentinos.

Constituida en 2004, la Fundación Siena realiza investigaciones sobre políticas públicas y su presidente es Gerardo Uña.

El informe fue elaborado por Gisell Cogliandro y Ariel Melamud, y recuerda que el gasto público social tiene suma importancia en el presupuesto, ya que representa el 60% de éste.

Sin embargo, aclaran los autores, cuando se analizan en forma desagregada las jurisdicciones y los programas sociales, se observan disparidades, como incrementos superiores al promedio y reducciones de los recursos.

La Anses es la repartición estatal que más aumentó su presupuesto el último año (18,8%). Le siguen los ministerios de Ciencia (14,5%), Educación (9,5%), Desarrollo Social (7,8%), y Salud (5,4%).

Uno de los planes que tuvo un fuerte aumento presupuestario en los últimos dos años es Argentina Trabaja, que pasó de $ 1500 millones en 2010 a $ 3787 millones, en 2011.

No obstante, el informe señala que este programa, cuyo objetivo es la generación de puestos de trabajo en organizaciones comunitarias, presenta una distribución que no responde a criterios objetivos, como la desocupación o la población.

Por ejemplo, el programa sólo distribuye los recursos a diez provincias y a la ciudad de Buenos Aires.

Pero el territorio bonaerense concentra el 68% de los fondos previstos para este año y hay distritos no kirchneristas, como Catamarca, Chubut y Tierra del Fuego, que registran tasas de desocupación superiores al 7% y no recibieron ni un centavo.

A su vez, el programa Techo Digno se concentra en Buenos Aires con el 37,2% de los fondos, ya que tiene el 33,8% de las viviendas del país con privación material en el acceso a los servicios e infraestructura social básica. Pero el mismo programa se distribuye a Jujuy (apenas el 0,6%) y Salta (1,6%), que tienen más déficit habitacional que otros distritos.

Las partidas para las pensiones no contributivas aumentarán un 13% este año.

Este fondo tiene por objeto brindar asistencia económica a personas en estado de vulnerabilidad social, y este año llegará a 1.028.253 personas (entre ellos, ancianos, madres y discapacitados).

Pero según la Fundación Siena las partidas se incrementarán en un 106,3% en Buenos Aires.

El informe también advierte que llama la atención que Chaco y Santiago del Estero reciban menos recursos en el programa de seguro de desempleo que Chubut, cuando tienen más población y tasas de desocupación más elevadas.

Ante ello, el informe recomienda mejorar la calidad y transparencia en la información sobre la distribución geográfica de los programas y establecer criterios objetivos de asignación del gasto