La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró su preocupación por "las acciones y omisiones del Estado que afectan en forma severa el ejercicio pleno de la libertad de expresión en el país" y advirtió que existe "una estrategia oficial de control de la información".

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, quien encabeza la delegación internacional, sostuvo que "las evidencias recabadas ratifican nuestros informes sobre que la libertad de prensa está en un proceso de deterioro en Argentina".

Asimismo, hizo un llamado a todos los sectores y a la población en general "a defender y promover la libertad de expresión, porque sin ella no puede haber verdadera democracia".

Marroquín, del diario Siglo 21 de Guatemala, es acompañado por Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News de Texas; Claudio Paolillo, copresidente de esa comisión, del semanario Búsqueda de Uruguay; María Elvira Domínguez, titular de la Comisión Chapultepec de El País de Colombia; y Julio Muñoz y Ricardo Trotti, director ejecutivo y director de Libertad de Prensa de la institución, respectivamente.

Más allá del documento que entregó la Secretaría de Medios a la delegación internacional de la SIP, en la que realiza diversas acusaciones contra un grupo de medios concreto -encabezado por el Grupo Clarín- y establece que hay "completa libertad" de prensa en el país, la institución asegura haber constatado un panorama diferente, "en el que se ha incentivado la confrontación y polarización de la sociedad".

Luego de las múltiples entrevistas con actores políticos, sociales y periodísticos, la misión de la SIP fue reiteradamente informada sobre la existencia de legislación que potencialmente afecta a la prensa en materia de discriminación de otorgamiento de licencias operativas, con una clara intromisión en los contenidos de los medios y sus criterios editoriales; y un proyecto para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para periódicos.

También, en su comunicado, la SIP indica que detectó "el uso indebido de recursos públicos para castigar o premiar a medios y periodistas a través de dádivas y de la distribución de publicidad oficial de acuerdo a posiciones editoriales".

En ese marco, fueron recabadas insistentes denuncias sobre la creación de redes públicas y privadas de medios y periodistas dedicados a hacer propaganda y/o apoyar las acciones de gobierno.

La misión también recibió denuncias concretas sobre hostigamiento y amedrentamiento de parte de organismos del Estado contra periodistas independientes o críticos; de incumplimiento de fallos judiciales en materia de libertad de prensa que permitió, por ejemplo, el bloqueo de la circulación de diarios el 27 de marzo pasado, sin que esa conducta hubiera acarreado responsabilidades ulteriores; y del impulso de sorprendentes acciones judiciales acusando a directivos de periódicos de supuestos delitos de lesa humanidad.

Rivard dijo que el temor de la SIP es que el "clima de la libertad de prensa continúe deteriorándose" y que "si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no revierte esta situación de ataques permanentes contra los medios de comunicación, el pueblo argentino perderá otra vez, como en épocas oscuras del país, la verdadera libertad de expresión".

Por su parte, Paolillo dijo que "debe quedar bien en claro que a diferencia de la opinión manifestada por el gobierno a la delegación, cualquiera sea la consideración sobre el accionar de periodistas y medios de comunicación, la responsabilidad principal para garantizar y promover el efectivo ejercicio de la libertad de expresión corresponde al Estado". Ese mandato surge de la Constitución de la República y de los pactos internacionales reconocidos y suscritos por Argentina.

La SIP recibió un cuestionamiento de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) sobre la inequidad que padece la prensa regional en materia impositiva respecto a los grandes medios del país. En ese sentido, se remarcó una promesa incumplida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2009 anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso estableciendo un tratamiento especial para los periódicos del interior del país.

Desconcertó a la misión de la SIP saber sobre declaraciones de altos funcionarios de gobierno que trasuntan un desconocimiento de las responsabilidades que les caben en el ejercicio de su función en una democracia, como por ejemplo, el ministro del Interior, ha declarado que "los medios públicos están al servicio del gobierno" u otros funcionarios que han establecido que los periodistas deben ser militantes.

La SIP considera imprescindible una mayor voluntad política tanto de la oposición como del gobierno, para que el país se sume a otros que han adoptado leyes efectivas de acceso a la información pública y transparencia; y adopte reglas claras y técnicas para la utilización de los dineros públicos, ya sea en materia de publicidad oficial como de propaganda electoral.

La SIP, además, recordó que los medios de comunicación del Estado deben estar al servicio de toda la sociedad y no ser utilizados por los gobiernos, cualquiera sea la ideología de estos.

La delegación se reunió con la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena I. Highton de Nolasco; con el presidente de la Comisión Episcopal para Medios de Comunicación Social, arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani y el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Jorge Oesterheld. Se realizaron reuniones con los periodistas Luis Majul, José Ignacio López, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Carlos Jornet, Julio Rajneri, Hugo Grimaldi y Daniel Dessein; así como con directivos de medios como Héctor Magnetto y Héctor Aranda de Clarín, Jorge Fontevecchia y Gustavo González, de Editorial Perfil y Bartolomé Mitre y Fernán Saguier, de La Nación, entre otros.

La delegación también se reunió con representantes y directivos de medios del interior del país; miembros de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), entre ellos Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable; Alberto Gowland Mitre, vicepresidente de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires; Daniel Ripoll, presidente de la Asociación Argentina de Editores de Revistas; Carlos Molinero, director ejecutivo de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, y Edmundo Rébora y Héctor Parreira de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas.

Otras reuniones se realizaron con el secretario General de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas de la República Argentina y diputado nacional, Omar Francisco Plaini. Con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el diputado, Oscar Moscariello, vicepresidente de la Legislatura y Diana Martínez Barrios, presidenta de la Comisión de Comunicación Social.

Otras entrevistas que fueron solicitadas pero por motivos varios no fueron concedidas incluyeron a la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; al diputado nacional, Alejandro Rossi; al senador, Miguel Pichetto; al secretario general de la CGT, Hugo Moyano; al ministro del Interior, Florencio Randazzo; y al asesor general de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, Carlos Taboada.