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Las cuentas pendientes del 'modelo': 14 millones de pobres
A pesar del crecimiento económico, del aumento de las exportaciones y del supuesto éxito del plan "productivo", 3,5 millones de familias necesidad ayuda social
17 de abril de 2011
En buena medida por la feroz crisis económica y social del 2001, pero sobre todo por carencias de la última década, el modelo "productivo" que intenta aplicar el kirchnerismo fue incapaz hasta ahora de sacar a 14 millones de personas de la pobreza.
En los últimos años, hubo un fuerte cambio en el mapa de las prestaciones sociales.
A pesar del éxito del plan económico y social, propalado por las interminables usinas oficiales, 3,5 millones de familias perciben algún subsidio, asignación o prestación social.
El número se amplía si se suman las jubilaciones por moratoria (también conocida como “de amas de casa”) las prestaciones provinciales y otros planes vinculados a la distribución de alimentos y otros bienes.
Así, pese al fuerte crecimiento de la economía, unos 14 millones de argentinos necesitan aún la asistencia del Estado para sobrevivir.
Desde 2003 en adelante hubo un fuerte salto en las prestaciones llamadas no contributivas, esto es por invalidez, familia numerosa o graciables, aquellas que se otorgan según el criterio de los funcionarios.
Ya alcanza a más de un millón de personas que perciben en promedio casi $ 900. La mayoría cobra el 70% del haber previsional mínimo.
Este año la partida – que administra el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Alicia Kirchner- tiene un presupuesto de $ 11.400 millones que se financia con una parte de los ingresos de la ANSeS que provienen del 15% de la coparticipación federal.
A fines de 2009 debutó la Asignación por Hijo, que extendió el salario familiar por hijo a los padres desocupados o que trabajan en negro.
El beneficio es un monto fijo de 220 pesos por chico, condicionado a la certificación escolar y de salud. Se calcula que casi 2 millones de padres de 4 millones de chicos perciben ese beneficio, con un presupuesto anual de 10.000 millones de pesos que se financian de la ANSeS. En cambio, la asignación por hijo de los padres que están registrados es una cifra decreciente y se abona solo a los que ganan hasta $ 4.800 de sueldo bruto.
A esto se agrega el Programa de Ingreso Social con Trabajo y otros planes del tipo Trabajar que comprenden a unas 500.000 personas con un presupuesto que ronda los $ 5.000 millones anuales.
La implementación de estos denominados planes de empleo absorbió los planes sociales puestos en marcha en los años de crisis, como el plan Familias o Trabajar. En cambio se dejó “congelado”-con un tope de $ 400 mensuales- el seguro de desempleo que cobran un poco más de 100.000 personas.
Así, ahora con una economía normalizada y en crecimiento, hay un mapa de prestaciones sociales permanentes y crecientes, que se financian casi en su totalidad con fondos de la ANSeS.
Para el Gobierno, todas estas medidas responden a una política “de inclusión social”, reparadoras de la marginación sufrida por las políticas de los 90, según el argumento oficial.
En tanto, para la oposición, el Gobierno se habría apropiado de iniciativas que eran comunes a casi todas las fuerzas políticas, como la asignación por hijo, y las puso en marcha con un objetivo clientelístico-electoral.
También se cuestiona que el gran financiador sea la ANSeS, que paga haberes bajos y carga con un enorme pasivo por los más de 465.000 juicios en su contra. Y que no se hayan aprobado partidas específicas para financiar esas prestaciones sobre la base de impuestos a la “renta financiera” o tributos especiales a sectores muy rentables, como sería el caso de la minería, u otros mecanismos de financiación específicos.
Ese cuadro de planes de asistencia creciente tiene como contrapartida, y explicación, el nivel de pobreza. Hoy, el 40% de la población total , unos 16 millones de personas, tienen un ingreso menos a los $ 800 mensuales.
Ese cuadro se mantiene así pese a los años de crecimiento de la economía. Días atrás, el ministro Amado Boudou destacaba: “Vamos por el octavo año consecutivo de crecimiento” (los privados dicen que en 2009 hubo recesión). Pero la situación social sigue sin cambios de fondo. Tanto es así que los planes sociales siguen siendo imprescindibles para 3,5 millones de familias.
En los últimos años, hubo un fuerte cambio en el mapa de las prestaciones sociales.
A pesar del éxito del plan económico y social, propalado por las interminables usinas oficiales, 3,5 millones de familias perciben algún subsidio, asignación o prestación social.
El número se amplía si se suman las jubilaciones por moratoria (también conocida como “de amas de casa”) las prestaciones provinciales y otros planes vinculados a la distribución de alimentos y otros bienes.
Así, pese al fuerte crecimiento de la economía, unos 14 millones de argentinos necesitan aún la asistencia del Estado para sobrevivir.
Desde 2003 en adelante hubo un fuerte salto en las prestaciones llamadas no contributivas, esto es por invalidez, familia numerosa o graciables, aquellas que se otorgan según el criterio de los funcionarios.
Ya alcanza a más de un millón de personas que perciben en promedio casi $ 900. La mayoría cobra el 70% del haber previsional mínimo.
Este año la partida – que administra el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Alicia Kirchner- tiene un presupuesto de $ 11.400 millones que se financia con una parte de los ingresos de la ANSeS que provienen del 15% de la coparticipación federal.
A fines de 2009 debutó la Asignación por Hijo, que extendió el salario familiar por hijo a los padres desocupados o que trabajan en negro.
El beneficio es un monto fijo de 220 pesos por chico, condicionado a la certificación escolar y de salud. Se calcula que casi 2 millones de padres de 4 millones de chicos perciben ese beneficio, con un presupuesto anual de 10.000 millones de pesos que se financian de la ANSeS. En cambio, la asignación por hijo de los padres que están registrados es una cifra decreciente y se abona solo a los que ganan hasta $ 4.800 de sueldo bruto.
A esto se agrega el Programa de Ingreso Social con Trabajo y otros planes del tipo Trabajar que comprenden a unas 500.000 personas con un presupuesto que ronda los $ 5.000 millones anuales.
La implementación de estos denominados planes de empleo absorbió los planes sociales puestos en marcha en los años de crisis, como el plan Familias o Trabajar. En cambio se dejó “congelado”-con un tope de $ 400 mensuales- el seguro de desempleo que cobran un poco más de 100.000 personas.
Así, ahora con una economía normalizada y en crecimiento, hay un mapa de prestaciones sociales permanentes y crecientes, que se financian casi en su totalidad con fondos de la ANSeS.
Para el Gobierno, todas estas medidas responden a una política “de inclusión social”, reparadoras de la marginación sufrida por las políticas de los 90, según el argumento oficial.
En tanto, para la oposición, el Gobierno se habría apropiado de iniciativas que eran comunes a casi todas las fuerzas políticas, como la asignación por hijo, y las puso en marcha con un objetivo clientelístico-electoral.
También se cuestiona que el gran financiador sea la ANSeS, que paga haberes bajos y carga con un enorme pasivo por los más de 465.000 juicios en su contra. Y que no se hayan aprobado partidas específicas para financiar esas prestaciones sobre la base de impuestos a la “renta financiera” o tributos especiales a sectores muy rentables, como sería el caso de la minería, u otros mecanismos de financiación específicos.
Ese cuadro de planes de asistencia creciente tiene como contrapartida, y explicación, el nivel de pobreza. Hoy, el 40% de la población total , unos 16 millones de personas, tienen un ingreso menos a los $ 800 mensuales.
Ese cuadro se mantiene así pese a los años de crecimiento de la economía. Días atrás, el ministro Amado Boudou destacaba: “Vamos por el octavo año consecutivo de crecimiento” (los privados dicen que en 2009 hubo recesión). Pero la situación social sigue sin cambios de fondo. Tanto es así que los planes sociales siguen siendo imprescindibles para 3,5 millones de familias.