El gobierno de Barack Obama identificó la corrupción estatal como un "problema serio" en la Argentina, al tiempo que se hizo eco de denuncias sobre "presiones" a la libertad de expresión y acoso a "periodistas críticos" de la Casa Rosada.

Un detallado informe del Departamento de Estado cita por caso las investigaciones sobre lavado de dinero y narcotráfico que pesan sobre quien fue recaudador de la campaña para la elección de Cristina Fernández de Kirchner en 2007, Héctor Capaccioli.

También se hace eco de los cargos "por corrupción" contra Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, y menciona que sobre las evidencias de "financiación ilegal de campaña" no se ha producido definición judicial.

Recoge, asimismo, el caso de la "embajada paralela" en Venezuela, tal como se alude a la trama por la que, se sospecha, se cobraban comisiones ilegítimas para exportar a la república bolivariana en el marco de convenios bilaterales.

En ese sentido, refleja luego diagnósticos sobre "debilidad institucional" y, particularmente, "un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado" que vuelve poco menos que imposible eliminar una corrupción "sistémica" y convertida ya en "problema grave".

Así lo afirma el "Reporte sobre los Derechos Humanos 2010", elaborado por el Departamento de Estado, que incluye panoramas de casi todos los países del mundo. Lo presentó ayer la secretaria Hillary Clinton.

La fecha de cierre del informe fue diciembre pasado, por lo tanto, anterior al incidente del avión militar, que en febrero tensó la relación de la Argentina con Washington.

No es la primera vez que, bajo el gobierno de Obama, Estados Unidos señala la corrupción y intimidación a la prensa crítica en la Argentina, así como abusos policiales, atropellos en materia de explotación infantil, indigencia y abandono carcelario.

En este caso, eso ocurre mediante uno de los informes de mayor peso específico de la cartera de Clinton.

De hecho, al presentarlo ante periodistas de todo el mundo ella lo defendió como el "esfuerzo más serio" que existe en el nivel internacional para diagnosticar la situación de los derechos humanos en 194 países.

En la sede que diseña la diplomacia de esta potencia, aseguran que el documento no se usa "para hacer política", pero admiten su enorme impacto en "organizaciones y gobiernos de todo el mundo", que "lo esperan con expectativa", según añadió Clinton.

En el caso de la Argentina, el informe incluyó advertencias sobre "abusos" por parte de fuerzas de seguridad, trabajo y explotación infantil, hacinamiento en instituciones carcelarias, indigencia y aumento inquietante en los casos de violaciones de mujeres.

En su discurso, Clinton ratificó que Estados Unidos "apoya la libertad de expresión" en cualquiera de sus formas. Con el título "Libertad de prensa y de expresión", el documento realiza un detallado análisis en el que se hace eco de las denuncias sobre acoso e intimidación de voces críticas al gobierno kirchnerista.

Particularmente, refleja el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de marzo del año pasado, según el cual el país enfrenta "uno de sus peores momentos" en la materia, como "resultado del alto nivel de intolerancia". Cita luego advertencias sobre las "diversas maneras" por las que el Gobierno buscó "silenciar las expresiones críticas en los medios de prensa".

Enumera, entre ellas, el uso de publicidad oficial, la administración de licencias de radio y la batalla judicial sobre la normativa oficial que obliga a liquidar "en un año" bienes de grupos periodísticos.

Cita también los esfuerzos por "desacreditar" e intimidar a la prensa independiente, punto en el que refiere especialmente al caso de la periodista Adela Gómez, cuyo auto fue incendiado en marzo del año pasado cuando investigaba casos de corrupción en Santa Cruz.

Identifica en esa línea a los llamados "tribunales éticos" montados por las Madres de Plaza de Mayo en colaboración con "programas del Canal 7 de televisión, financiado por el Gobierno", para supuestamente procesar a "periodistas y editores" a los que pretendieron acusar de colaboración con el proceso militar.

No pasa por alto, tampoco, la ofensiva oficial sobre Papel Prensa. "El Gobierno pidió a la Justicia que investigara a directivos y ex directivos de los diarios LA NACION, Clarín y La Razón por un supuesto caso de abuso" en la compra de acciones de esa empresa al Grupo Graiver, con la intención de declararla "inválida", afirmó.