Sato es uno de los políticos que ha cuestionado la falta de transparencia de la política nuclear de Japón. Reelecto cinco veces, gobernó Fukushima de 1988 a 2006 y sigue residiendo allí.

Entrevistado por el periódico francés, recuerdó su batalla conta la Tokyo Electric Power Company (Tepco), propietaria de la central nuclear accidentada.

"En 2002, dijo, mi administración recibió un documento de la Agencia para la Seguridad Nuclear e Industrial (NISA) que nos informaba que Tepco había reconocido haber falsificado el contenido de informes de inspección concernientes a los daños detectados en la envoltura del núcleo de dos reactores de Fukushima Daiichi".

Sato pensó que semejante actitud era "inadmisible, tanto por parte de Tepco, como de NISA, el organismo de Estado encargado de la vigilancia del funcionamiento de los reactores nucleares, que había mantenido en secreto esta información desde hacía dos años".

El escándalo causado por esta revelación implicó el cierre del reactor nuclear nº1 y de otros 16 en diferentes plantas para realizar nuevas inspecciones.

A comienzos de los años 2000, el entonces todavía gobernador de Fukushima recibió una veintena de denuncias de empleados de subcontratistas de Tepco quejándose del incumplimiento de las normas de seguridad en el interior de la planta. "Estas cartas, recuerda Sato, que sonaban como llamadas desesperadas, reflejaban la inquietud del personal por su seguridad en razón de las condiciones de trabajo".

Los operarios denunciaban, por ejemplo, que debían realizar los trabajos de inspección en la mitad del tiempo prescripto por las directivas de seguridad. Sin revelar los nombres de los denunciantes, el gobernador dio a conocer el contenido de las cartas a la autoridad de vigilancia nuclear. Ignora lo sucedido con eso, ya que dejó sus funciones en el año 2006.

Consultado acerca de las responsabilidades en la catástrofe actual, Sato considera que fue "provocada por la imprudencia de los hombres debida a una degradación progresiva del proceso de toma de decisiones políticas: durante años se elevaron voces para pedir que el organismo de vigilancia fuese separado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio".

Es decir que actualmente el órgano de vigilancia está en la órbita de la misma administración que promueve la construcción de las centrales. "Difícilmente se pueda esperar que sea muy vigilante", considera Sato. "Japón pasa por ser un país democrático, agrega. Lo es hasta cierto punto. Pero muchas decisiones son tomadas en función de intereses opacos y muchas áreas están gangrenadas por la corrupción".

Ante la pregunta de si considera que la energía nuclear debe ser dejada a las empresas privadas o por el Estado, el ex funcionario responde: "Creo que el problema no se plantea en esos términos. La tragedia de Chernobyl se produjo en una central bajo control del Estado. En Japón, es una empresa privada, pero el tema de fondo sigue siendo el control democrático del proceso de toma de decisiones".