El Gobierno fracasa en el intento de gestionar a la ex papelera Massuh: tras once meses de la quiebra declarada por la Justicia a Massuh y tras nueve meses del cierre de la planta, la empresa no tiene perspectivas de reabrirse.

La empresa se paralizó en octubre de 2008 por falta de inversiones del grupo Massuh, que ya había presentado el concurso preventivo de la firma diez años antes.

Después de que el ex presidente Néstor Kirchner prometiera que el Gobierno no permitiría que "cierren las fábricas y que se pierda un solo empleo", el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aplicó un plan de salvataje con fondos públicos y se comprometió a que la planta sería proveedora exclusiva de papel del Estado, con el nombre de Papelera Quilmes.

Nada de eso se cumplió; poco a poco, la empresa "rescatada" por un fideicomiso manejado por Moreno se enfrentó con las duras condiciones para mantenerse, hasta que, en mayo pasado, cuando el Gobierno ya había perdido más de $ 50 millones, la planta cerró con 500 trabajadores.

"Lo de venderle al Estado fue una expresión de deseo de Moreno, pero él se portó bien con nosotros y hasta fuimos a su cumpleaños", explicó Héctor Urbanovicz, uno de los delegados sindicales de los 200 trabajadores papeleros que se mantienen por el subsidio del Ministerio de Trabajo al diario La Nación. Entre otras cuestiones, nunca prosperó la idea de que las diferentes áreas de Gobierno coordinaran la compra de papel a una sola empresa; tampoco terminó de definirse en forma clara la figura jurídica por la cual podía asegurarse la continuidad de la empresa.

Y la municipalidad de Quilmes, a cargo de Francisco Gutiérrez -que jugó un rol importante en el inicio- tampoco siguió aportando al proyecto. "Sería imposible que pongan los 20 millones de pesos mensuales que se requieren para que esto funcione", lo justificó el delegado sindical.

"El cierre aumento la concentración de la producción de papel obra en los dos productores que quedaron: Ledesma y Papel de Tucumán", se lamentaron en el municipio, que impulsó la creación del Instituto Argentino del Libro, que se proveería de papel de la ex Massuh, como único plan viable de reactivación. "Pero somos conscientes de que el gobierno nacional no va a instrumentarlo hasta ver el resultado de las elecciones presidenciales, dado que se opone el gremio papelero, alineado con la CGT de Luis Barrionuevo", agregó un funcionario.

La finalización del apoyo estatal, consistente en el pago de los salarios y vigente hasta el cierre de la firma, está pautado para mayo, por lo que los trabajadores ya están preparados para movilizarse si en los próximos días no hay novedades respecto de la reapertura de la planta papelera.Mientras vigilan el predio para que no sea ocupado y para mantener la maquinaria en buenas condiciones, los trabajadores mantienen el diálogo con los principales acreedores del pasivo cercano a $ 250 millones (el fondo inversor canadiense IIG Trade Opportunities y el Banco Provincia) para mantener su esperanza.

También, aclaró Urbanovicz, hubo contactos con importantes representantes de Venezuela, que hasta ahora no prosperaron. Tampoco hubo nuevas respuestas del Gobierno. "Le enviamos dos cartas a la presidenta Cristina Kirchner, pero aún no obtuvimos una respuesta", dijo Urbanovicz.

Contaminación
"Queremos volver a trabajar cuanto antes", indicó el dirigente sindical, que se encuentra a la espera de las novedades de la jueza María Cristina O'Reilly, que debe publicar el precio del remate de la planta para ver si aparecen oferentes en forma oficial.

Un importante empresario del sector admitió que no será fácil reactivar el proyecto, tanto por la falta de funcionamiento pleno de la planta por más de dos años, como por la causa por presunta contaminación ambiental que se sigue en la provincia de Buenos Aires y que también complica los planes.

A un costado de todas las discusiones, Héctor Massuh cultiva el perfil bajo, por lo que ya no se lo ve por los pasillos de su querida Unión Industrial Argentina (UIA) que supo presidir.

Cerca suyo juran que jamás cobró un peso del fideicomiso, pese al convenio que había firmado en su momento con el Gobierno, en el que se preveía que cobraría un canon en concepto de alquiler de la planta de Quilmes.

Angel Kolomietz, ex representante de los supervisores de Massuh, trazó un panorama más pesimista que Urbanovicz.

Aunque logró comenzar a trabajar en otra empresa, Kolomietz jura que "muchos trabajadores cobraron dos meses del seguro de desempleo y luego no obtuvieron ninguna respuesta".

El Ministerio de Trabajo no dio precisiones a las consultas de La Nacion ni sobre la cantidad ni sobre el plazo del beneficio otorgado a los ex empleados de la papelera.

"El Gobierno trabajó muy bien en la separación de la gente, para la tribuna estuvo muy bien porque logró hacer desaparecer el conflicto de la agenda pública", dijo Kolomietz.