El juez federal Norberto Oyarbide procesó a los funcionarios responsables de reunir los aportes para la campaña que llevó a Cristina Kirchner a la Presidencia en 2007. Sostuvo que, según las pruebas reunidas en el expediente, en la campaña se lavó dinero ligado con la mafia de los medicamentos, informaron fuentes judiciales al diario La Nación.

Para Héctor Capaccioli fue el segundo procesamiento en menos de 24 horas. Anteayer, el juez lo había responsabilizado de un desvío de 54 millones de pesos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que estaba a su cargo. Pero el nuevo fallo alcanzó también a Sebastián Gramajo y a Hernán Diez, responsables económico-financiero y político, respectivamente, de la campaña de 2007 del Frente para la Victoria. Diez es hoy director de Lotería Nacional; Gramajo, gerente del Consejo Consultivo de la Anses.

Capaccioli fue procesado ayer por lavado de dinero y también por haber sido parte de una asociación ilícita que traficaba medicamentos, haber defraudado a la administración y haber hecho negocios incompatibles con su cargo en la SSS. Oyarbide dispuso un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes.

El origen de los fondos que solventaron la campaña de Cristina Kirchner está bajo sospecha desde hace años (la rendición de cuentas presentada por el partido todavía no fue aprobada), pero nunca la Justicia había llegado tan lejos como lo hizo ayer Oyarbide. Capaccioli, Diez y Gramajo desconocían anoche los detalles del fallo, pero no salían de su asombro. Los acusan de encubrir maniobras de lavado de dinero. Diez dijo a La Nación: "Hicimos todo lo humanamente posible para comprobar la legalidad de los fondos, pero es imposible recibir millones de pesos en 20 días y hacer un ADN de cada empresa aportante. Justamente por eso en la nueva ley ya no se permiten los aportes de empresas. En el caso de Brito, recibimos los cheques y controlamos todo lo que teníamos que controlar".

Gabriel Brito es un empresario farmacéutico, procesado como presunto miembro de la mafia de los medicamentos, y su caso fue central en esta investigación de Oyarbide.

Ante la Justicia, Brito negó haber aportado los 310.000 pesos que el Frente para la Victoria le adjudicó a su empresa, Global Pharmacy, en la rendición de cuentas que presentó después de las elecciones.

Sostuvo que el partido usó cheques que él le había entregado al empresario Néstor Lorenzo (dueño de la droguería San Javier y preso como jefe de una presunta asociación ilícita que traficaba remedios), para justificar el ingreso de fondos a la campaña. Después, según Brito, Lorenzo lo llevó a las oficinas de Capaccioli, donde también estaba Gramajo, y allí lo forzaron a firmar, ante una escribana, que el aporte había sido voluntario.

La semana pasada, Oyarbide citó a indagatoria a la escribana y allanó su oficina. Ayer, amplió el procesamiento de Brito por encubrimiento. No se sabe con precisión cuáles son los nuevos cargos en su contra porque el juez no dio a conocer los fundamentos de su fallo. "Hay que terminar con algunas medidas antes de poder difundir la resolución", dijo una fuente del caso.

El recibo del aporte adjudicado a la empresa de Brito fue encontrado en lo de Lorenzo durante un allanamiento dispuesto por Oyarbide hace dos años, en los inicios de la investigación. No fue el único, en ese domicilio también estaba, por ejemplo, el de los 155.000 pesos a nombre de Julio Pose, que aparece mencionado en una causa por narcotráfico y el mes pasado fue citado a indagatoria por Oyarbide.

Decenas de escuchas de conversaciones telefónicas entre Lorenzo, Capaccioli y Gramajo son parte de las pruebas en las que se basó Oyarbide para esta investigación. La gigantesca causa por la mafia de los medicamentos está dividida en varios expedientes. El fallo de ayer fue dictado en el 1787/2007, caratulado "Lorenzo, Néstor y otros sobre tráfico de medicamentos".

Capaccioli, como superintendente de Salud, tenía entre sus funciones controlar las obras sociales. Oyarbide entendió que no lo hizo y que, por el contrario, procuró beneficios a algunas en detrimento de las arcas públicas, lo que configuró, según el juez, una estafa al Estado. También lo consideró parte de una asociación ilícita ligada al tráfico de remedios.

En paralelo con su cargo en la SSS, Capaccioli ofició como recaudador de fondos para la campaña Kirchner-Cobos, que fue sostenida, en buena medida, por empresas del sector salud. De acuerdo con la rendición de cuentas que firmaron Diez y Gramajo, los más de $ 10 millones que declaró en 2007 el FPV como aportes de personas jurídicas, el 36,5% lo donaron firmas del área, en su mayoría, laboratorios, droguerías y compañías de prótesis e insumos hospitalarios.

La jueza María Servini de Cubría tiene pendiente resolver si aprobará las cuentas del kirchnerismo. Paralizó el expediente a la espera de que se resuelvan las causas penales vinculadas con el financiamiento, fundamentalmente, la de Oyarbide.

La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, una de las impulsoras de esta causa, celebró ayer el fallo de Oyarbide. "Avanzó sobre los responsables políticos y puso en evidencia una matriz de corrupción histórica en el sistema de salud", afirmó.

Con este fallo, Oyarbide siguió la línea que le había marcado la Cámara Federal, que el año pasado le indicó que profundizara la investigación sobre los responsables políticos detrás de la mafia de los medicamentos.